Diario de un resentido social

Semana del 28 de abril al 4 de mayo de 2003

Consecuencias impredecibles

Siempre me he cachondeado del fácil expediente al que recurren muchos periodistas cuando sucede algo que no encaja en sus esquemas mentales: dicen que se trata de un hecho «de consecuencias impredecibles»... y a correr. Con alegre desenvoltura, responsabilizan al propio fenómeno de su incapacidad para predecir (o de su nulo deseo de darle al magín). «Que seas incapaz de imaginar lo que puede ocurrir no quiere decir que sea imposible, hijo», suelo pensar para mí cuando les oigo echar mano de la manida muletilla.

Pero héteme aquí hoy en esa denostada tesitura, dándole vueltas a la decisión del Tribunal Supremo de anular la práctica totalidad de las candidaturas de AuB e incapaz de predecir a qué situación nos llevará con ello. Empujado a decir que estamos ante un hecho «de consecuencias impredecibles».

Algunas cosas sí cabe pronosticar, de todos modos.

Si el Tribunal Constitucional no lo remedia –y no parece muy proclive a hacerlo–, el 26 de mayo el mapa electoral de Euskadi presentará un agujero considerable: algo así como el 15% de los electores se quedará sin representación en los ayuntamientos y diputaciones.

El agujero será de esas proporciones, en todo caso, incluso aunque una parte de la base electoral de la izquierda abertzale desoiga la consigna de depositar en las urnas la papeleta de AuB (lo que, a efectos prácticos, anulará el voto) y decida finalmente votar a otras candidaturas. Aún en ese caso –insisto–, el resultado electoral falseará la realidad social, porque la representación electa no reflejará las opciones políticas de los votantes.

Impedir que pueda expresarse a través de los cauces de la representación institucional ese elevado porcentaje de la población –cuya importancia cualitativa supera en mucho a la cuantitativa, porque incluye a algunos de los sectores sociales más dinámicos y con más presencia en la vida pública– equivale a abocarlos a hacerse notar y a tratar de influir en la evolución de los acontecimientos por otras vías. Equivale, en suma, a sacar a la calle también las tensiones que se vivían –y se quedaban– en las corporaciones locales.

La posibilidad, nada fantasiosa, de que una parte considerable de la izquierda abertzale decida abstenerse o votar nulo provocará un cambio formal de la relación de fuerzas existente entre los partidos autodeterministas (nacionalistas + EB-IU) y anti-soberanistas (PP + sector mayoritario del PSOE + UA). Estos últimos pueden encontrarse con mayorías electorales artificiales que les permitan constituir gobiernos locales carentes de respaldo social mayoritario. Tal circunstancia, genuinamente antidemocrática, puede extender la crispación a las bases sociales del tripartito, empujándolas a mostrar su indignación por cauces no necesariamente ortodoxos.

Decía antes que las consecuencias de la decisión del TS de anular las candidaturas de AuB y similares son «impredecibles». No es del todo exacto: puede predecirse que va a generar una importante crispación. Lo que resulta difícil saber es si será una crispación de cien, de quinientos o de mil pares.

 

Una práctica nada ejemplar

Me pide El Mundo, para su sección dominical En la Red, que responda a la pregunta: «¿Se identifica usted con los valores e ideas que representa Juan Pablo II?». He remitido esta respuesta.

Distante de la Iglesia católica, de sus creencias y de sus ritos –pero respetuoso con las unas y con los otros en la medida en que sus partidarios no pretendan imponérmelos–, se entenderá que renuncie a hacer una crítica interna de la labor pontifical de Karol Wojtyla, también llamado Juan Pablo II. Ni me corresponde ni me interesa dilucidar si se atiene con más o menos rigor a los principios fundacionales de esa fe, ni si su labor ha sido mejor o peor de cara a mantener y expandir tales principios. 

A cambio, puedo –y debo, como ciudadano del mundo– juzgar su papel como jefe de un Estado que, por minúsculo que sea, goza de plena personalidad jurídica a escala internacional. Lo cual le permite, ya para empezar, ser miembro observador permanente de las Naciones Unidas con derecho a voz y voto, privilegio que viene utilizando sistemáticamente para impedir que determinadas Conferencias internacionales (muy particularmente las dedicadas a los problemas del Medio Ambiente, de Población y Desarrollo y de la Mujer) adopten resoluciones basadas en principios de sanidad, igualdad y bienestar que la Santa Sede considera contrarias a sus particulares doctrinas. Resulta especialmente llamativo e irritante, desde criterios estrictamente laicos, que la ONU acepte que haya un Estado que pueda imponer al mundo entero su santa voluntad vetando tales o cuales acuerdos mundiales, mientras él mismo, en su propio territorio, se niega a reconocer los derechos y libertades establecidos por todos los tratados internacionales, empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. (En efecto, y como es bien sabido, el Estado Vaticano no admite la ciudadanía de mujeres y niños, rechaza la igualdad jurídica de los sexos, se opone al sufragio universal en la elección de sus dirigentes y proscribe las libertades cívicas más elementales.)

Es enorme la responsabilidad que recae sobre Juan Pablo II y la alta jerarquía católica por su rechazo militante de las medidas de profilaxis sexual y de control de la natalidad en los países depauperados del Tercer Mundo. Su responsabilidad no es todavía mayor porque muy buena parte de los sacerdotes y monjas que trabajan sobre el terreno han hecho caso omiso de la doctrina oficial y han favorecido el uso de profilácticos y el control de la natalidad.

Es verdad, junto a esto, que el jefe de la Iglesia católica ha manifestado también un interés cierto por los problemas sociales y, en los últimos tiempos, un rechazo firme de las prácticas belicosas de los Estados Unidos y de sus guerras «preventivas». Pero está lejos de compensar con ello el capítulo anterior. Sobre todo porque esas preocupaciones y esos rechazos se quedan siempre en el plano de las declaraciones más o menos retóricas, sin verse nunca acompañadas de medidas de repudio concretas y contundentes. Hágase la lista de sus condenas ad hominem: a ver cuantos jefes de Estado o de Gobierno occidentales figuran en ella.

 

(4 de mayo de 2003)

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El argumento universal

Sigo con los frutos que me ha proporcionado la lectura del recurso del abogado del Estado contra las candidaturas de AuB y asociadas.

Hay un argumento empleado por Álvaro García Tizón –que supongo será el mismo individuo que fue secretario general del PP cuando Hernández Mancha ejerció de presidente– que me ha resultado especialmente fascinante. Recuerda el representante legal del Estado que ETA, desde 1976, viene considerando que el movimiento de liberación nacional del pueblo vasco se desarrolla en diversos frentes, entre los que destacan de manera particular el frente político, el militar, el cultural y el obrero. A partir de esa consideración, García Tizón deduce que el conjunto de esos frentes conforma un todo inextricable dentro del cual no hay más diferencias que las dictadas por la necesaria división de trabajo: unos ponen bombas, otros ocupan escaños, otros dictan conferencias o escriben libros, y otros, en fin, hacen huelgas o suscriben convenios colectivos. Todo es, en el fondo, lo mismo. Todo es ETA.

Todo aquello cuya existencia ETA considere positiva en un momento u otro se convierte, ipso facto, en parte de ETA. Es la lógica que aplica el abogado del Estado (y el fiscal general, y el Tribunal Supremo, y la Audiencia Nacional, y el Gobierno, y la mayor parte de la Prensa, y...). Dicen, por ejemplo: «ETA respaldó que hubiera un diario en euskara, luego Egunkaria es parte de la estrategia de ETA». O bien: «ETA propugna que se presenten candidaturas de la izquierda abertzale, ergo AuB responde a una iniciativa de ETA». Et cætera.

Estamos ante un ejercicio anonadante de adulteración de las leyes de la lógica, cuya aplicación extensiva puede conducir a las autoridades del Estado hasta extremos realmente delirantes. Quiero decir: todavía más delirantes. Para estas alturas, nada les impide aplicar al mundo sindical los mismos criterios esgrimidos contra AuB y ordenar la disolución de LAB, como parte del «entramado de ETA», y también de ELA, por su reiterada connivencia con LAB, es decir, con ETA. Lo mismo podrían hacer no ya con AEK –que debe de estar ya al caer–, sino con la totalidad de los centros de Enseñanza en lengua vasca, y con las revistas, y las editoriales, y las casas discográficas que editan en euskera: si ETA propugna su existencia, es que constituyen instrumentos útiles para su causa. Es decir: son cómplices.

Han puesto en circulación un sistema argumental de tan amplio espectro que, de aplicarlo en todas sus posibilidades, puede conducir a la ilegalización no ya de media Euskadi, sino de bastante más.

Alcanzado lo cual, ya no tendrán problema para obtener la mayoría absoluta.

 

(3 de mayo de 2003)

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De ideologías y de prácticas

He estado leyendo el texto del recurso que el abogado del Estado ha presentado ante el Tribunal Supremo solicitando la anulación de 249 candidaturas de la izquierda abertzale.

Es una lectura que no me atrevería a calificar de apasionante, pero sí de aleccionadora. Gracias a ella, se entera uno de que el abogado del Estado, Arturo García Tizón, considera que no hay necesidad de demostrar que las candidaturas en cuestión hayan cometido ningún acto censurable. Según él, basta con alegar que representan un factor de continuidad de Batasuna, EH y HB, cuya actividad ya fue considerada delictiva.

Extraño argumento. Teóricamente, para afirmar que esa continuidad existe, habría que demostrar que se produce en el mismo ámbito que se tuvo en cuenta –o que se dijo que se tuvo en cuenta– para dictar la ilegalización de Batasuna, EH y HB, a saber: en el de la práctica política concreta.

Pero el abogado del Estado ni siquiera se plantea la consideración de los actos. Los desdeña.

¿En qué se basa, entonces, para asegurar que las candidaturas cuya anulación ha reclamado son lo mismo que fueron Batasuna, EH o HB? ¿Tal vez, como algunos dicen, en que en sus listas hay una nutrida presencia de personas que tuvieron algún tipo de vinculación con los partidos ilegalizados? Efectivamente. Pero no del todo. Porque, como dice el ministro de Justicia, nadie ni nada impediría a todas esas personas presentarse a las elecciones, juntas o por separado, en candidaturas ecologistas, nacionalistas o comunistas (son los ejemplos que ha puesto él). Lo que las sitúa en el centro del punto de mira de los tribunales no es que tuvieran que ver con Batasuna, EH y HB, sino que, además, se presentan a las elecciones con un programa de izquierda abertzale radical.

Dicho de otro modo: la prueba clave que se aporta para tratar de demostrar que «todo es lo mismo» se basa, al final, en la ideología. Por muchas vueltas y revueltas que se den para disimularlo.

Un pequeño inconveniente adicional que no ha detenido ni al abogado del Estado ni al fiscal general, y que tal vez tampoco detenga –mañana lo sabremos– al Tribunal Supremo: AuB, principal referente de las candidaturas impugnadas, se ha distanciado radicalmente de la respuesta que Batasuna suele dar a los atentados de ETA y ha negado que quepa apelar a ningún «contexto» para no condenarlos. Así que, por tener, hasta puede que acabemos teniendo una rama de ETA... ¡que condena las acciones de ETA! Spain is different!

La Justicia debería tener más confianza en el ministro del ramo. Hace meses proporcionó un método infalible para averiguar qué detenidos son miembros de ETA y cuáles no. Dijo: «ETA da instrucciones a sus miembros para que, cuando son detenidos, denuncien que han sido torturados». Pues bien: los detenidos de Udalbiltza Kursaal no han denunciado torturas.

 

(2 de mayo de 2003)

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El atajo

Garzón ordena el encarcelamiento de algunos promotores de la plataforma Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB),  la Fiscalía General y la Abogacía del Estado piden al Tribunal Supremo que impida que puedan concurrir a las próximas elecciones las candidaturas que se han inscrito con ese nombre –pese a que las Juntas Electorales del País Vasco y de Navarra las han considerado inobjetables–, y los supuestos expertos capitalinos en vasquerías se apresuran a explicar al pueblo llano que lo uno y lo otro se deben a que esas agrupaciones de electores no son sino una nueva apariencia de lo mismo que representaron las ilegalizadas HB, EH y Batasuna. 

Un planteamiento falaz.

Se nos ha explicado una y mil veces que Batasuna y sus antecesoras no fueron ilegalizadas por su ideología, sino por sus hechos. Siendo así, no cabe afirmar que AuB les haya sucedido, puesto que ni siquiera se ha puesto en marcha todavía. Nadie puede juzgar aún su actuación, porque no ha empezado a actuar. A falta de hechos punibles, la equiparación jurídica no se tiene en pie.

Michavila lo sabe, y por eso insiste en decir que AuB «pretende sustituir» a Batasuna. Invita con ello el ministro a que los tribunales castiguen no actuaciones, sino intenciones. Intenciones, por otro lado, jamás proclamadas por los presuntos aspirantes a delincuentes. El titular de Justicia hace como si ignorara que, no habiendo delito fáctico, no hay reo que valga. Ni pena. Los malos agüeros, por muy fundados que estén, no pueden tomarse razonablemente por hechos probados.

Pero es que además, en este caso, no está nada claro que AuB pretenda calcar la trayectoria de Batasuna, EH o HB. La nueva plataforma electoral aprobó la pasada semana un decálogo en el que figura una explícita crítica al hábito de Batasuna de «contextualizar» las acciones de ETA apelando a la existencia de un «contencioso político». AuB rechaza esa «contextualización» y afirma que por esa vía no se avanza hacia «una efectiva resolución del conflicto». Este paso adelante de AuB ha merecido una rápida respuesta de Arnaldo Otegi, quien ha afirmado que ésa «no es la posición de Batasuna o de la izquierda abertzale». ¿Habremos de creer ahora que son parte de ETA también quienes invitan a condenar sin paliativos los atentados de ETA?

Puesto que el propio titular del Ministerio de Justicia invita a juzgar intenciones, me permitiré señalar una bastante más verosímil que las que él maneja: es obvio que su Gobierno quiere que el 15% de la población vasca se quede sin representación política para alterar de ese modo el mapa electoral de Euskadi y convertir artificialmente en mayoría a quienes de hecho son minoría. Quiere ganar en los tribunales –en sus tribunales– lo que hasta ahora han sido incapaces de ganarse en las urnas.

¿Recuerdan aquello que decía el PP en 1996 de que en la lucha por la paz en Euskadi «no puede haber atajos»? Ahí los tienen: empeñados en abrirse uno como sea.

 

(1 de mayo de 2003)

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Zoé Valdés

Muy pertinentes los comentarios que hace esta semana Belén Martos en su Portal a propósito del furor anticastrista de la escritora Zoé Valdés.

 Del contenido de las preguntas que Martos formula a Valdés deduzco que no conoce –o que no conoce del todo, por lo menos– la trayectoria de la escritora cubana. Yo sí. Desde hace la tira.

Debió de ser, en concreto, allá por el año 1985, año arriba año abajo, cuando me enteré de la existencia de esta mujer. Formaba yo por entonces parte, junto con Claudio Rodríguez, Ana María Moix, José Batlló y Jesús Munárriz, del jurado de un premio de poesía. (Me apresuraré a aclarar que mi presencia junto a tan notables personalidades del mundo literario se debía, pura y exclusivamente, a que actuaba como representante de la Fundación que financiaba el premio.)

A las reuniones del jurado acudíamos todos tras habernos leído los libros que habían sido retenidos en una primera selección. Entre 30 y 40, más o menos.

Uno de los libros de poemas que seleccionamos inicialmente aquel año era un trabajo vital y descarado que, por más que no supiéramos de quién era obra –las identidades se mantenían en secreto, como es teórica costumbre–, todos coincidimos en que tenía que haber salido por fuerza de la pluma de una joven latinoamericana, probablemente cubana y previsiblemente castrista.

El libro pasó las primeras eliminatorias sin mayores problemas pero, cuando ya empezamos a hablar de premios, Claudio Rodríguez se cerró en banda: que la obra fuera graciosa y provocadora –recalcó– no quería decir que fuera buena. Él la consideraba mediocre. Los otros miembros del jurado no se mostraron tan tajantes, pero todos habían encontrado candidatos que les parecían más dignos del galardón. Sólo yo insistí en que estaría bien apoyar de algún modo a aquella incipiente autora.

No se llevó el premio pero, quizá para que dejara de darles la vara, se avinieron a que le concediéramos un accésit, con derecho a publicación.

Creo que fue lo primero que Zoé Valdés vio con su firma en las librerías.

Al cabo de unos meses la conocí. Nos encontramos una mañana de primavera en París, vimos una exposición y charlamos bastante. Era graciosa, efectivamente, pero su castrismo resultaba verdaderamente empalagoso. A mis críticas al régimen cubano me respondió de un modo casi caricaturesco: esas cosas que yo denunciaba ocurrían realmente, sí, pero la culpa no era de Fidel, sino de algunos de los que le rodeaban, que no estaban a la altura. Recuerdo que le dije que era lo mismo que muchos franquistas decían del glorioso Caudillo de España, y no le gustó nada.

Quedamos en volver a vernos, pero no hubo ocasión. Esa misma tarde se vio arrastrada a una cadena de conflictos privados muy graves. No los detallaré, por respeto a su intimidad, pero sí diré –me parece necesario tenerlo en cuenta para una más completa consideración de su evolución subsiguiente– que corrieron a cargo de su marido, alto cargo de la Embajada de La Habana en París y dirigente del Partido Comunista de Cuba (miembro del Comité Central, creo que me dijo).

Perdí su rastro y he aquí que, al cabo de diez años, me la topo convertida en musa de esa gente de Miami que una década antes ella misma llamaba «gusanos».

No intento insinuar que Zoé Valdés transitara del castrismo irracional al anticastrismo irracional por motivos exclusivamente privados. A decir verdad, no pretendo ni eso ni lo contrario: no tengo ni idea. Lo que trato de decir es que, cargando sobre sus espaldas con ese pasado de castrismo fervoroso, tal vez no estaría de más que mostrara cierta indulgencia hacia quienes no condenan hoy lo que ella defendió con uñas y dientes hace apenas tres lustros. Porque, si se empeña en pintar como perfectos depravados a quienes no asumen su actual militancia mascanosiana, ella misma nos estará ofreciendo la calificación de su pasado. O de su trayectoria toda.

 

(30 de abril de 2003)

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Aznar desbarra, Zapatero patina

Rodríguez Zapatero está que fuma en pipa por la machaconería con la que los candidatos del PP, como un solo hombre –Aznar, en concreto–, denuncian la alianza que los socialistas, según ellos, tienen establecida «con los comunistas». Replica el secretario general del PSOE que su partido no tiene ningún pacto con Izquierda Unida y recuerda al jefe del Gobierno que el PP es la única formación política con la que ha suscrito algún acuerdo que desborde lo meramente circunstancial o lo estrictamente local.

Tiene toda la razón. Es así.

Pero precisamente eso es lo malo.

Debería reflexionar sobre esa circunstancia que él mismo admite, e incluso exhibe. ¿No se da cuenta de cuán incoherente resulta su propensión a pactar medidas políticas de primerísima importancia con unos gobernantes que, según denuncia a diario, cercenan las libertades, desdeñan la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y se hunden cada vez más en el cenagal de la intolerancia y el reaccionarismo?

Afirma Aznar que el PSOE está practicando una oposición radical, razón por la cual –dice– ataca al Gobierno «con quien sea y por lo que sea». Desbarra de nuevo. Lo cierto es que Rodríguez Zapatero está haciendo una oposición realmente light (baja en calorías, al menos), amagando mucho y no pegando apenas. Reciente ejemplo: pide al PP que no se las dé de azote de dictadores, porque, como insista, se verá obligado a airear el pasado franquista de algunos de sus próceres. ¿Y por qué no habría de airearlo de todos modos cuando venga a cuento, como es el caso, puesto que de oponerse a dictaduras se habla?

Otro ejemplo de argumentación desdichada de Zapatero: trata de devolver la pelota a Aznar y saca a relucir la vieja historia de la «pinza» que supuestamente formaron el PP e IU para combatir a Felipe González. Triste y ramplón recurso. Basta con recordar los hechos –los hechos reales, no los mitos– para comprobar que entonces ocurrió lo mismo que ahora, sólo que al revés: con quien más coincidencias legislativas tuvo el PP, a la sazón principal partido de la oposición, fue con el PSOE. De hecho, con IU apenas tuvo ninguna.

A fuerza de tratar de contentar a los electorados más diversos, Zapatero corre el peligro de defraudar a todos. Los más conservadores le reprocharán que no aporte ningún aire nuevo a las recetas neoliberales, en tanto los partidarios de un cambio real concluirán fácilmente que, si tal cosa llegara a producirse, no será desde luego por su contribución decisiva.

Se decía de Pierre Joseph Proudhom que lo suyo no tenía remedio: las derechas lo consideraban demasiado de izquierdas, y las izquierdas, demasiado de derechas.

Quizá en eso Rodríguez Zapatero guarde un cierto parecido con Proudhom.

En eso y sólo en eso, por supuesto.

Y por desgracia.

 

(29 de abril de 2003)

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Malísimas compañías

–Pero, ¿no estás en contra de que Castro ejecute a sus oponentes políticos? –me pregunta mi buen amigo Gervasio Guzmán.

–Por supuesto que sí, Gervasio. Sabes de sobra que me opongo a la pena de muerte en todo lugar y circunstancia. Incluso cuando el condenado es un criminal convicto y confeso. No digamos ya cuando los fusilados han sido encontrados culpables de figuras delictivas tan resbaladizas como la «traición a la Patria» o la «traición a la Revolución» –le respondo.

–Y si piensas así, ¿por qué no fuiste a la concentración del sábado en la Puerta del Sol? –vuelve al ataque.

–Por muchas razones –prosigo, aun sabiendo que me tienta–. Te citaré las dos principales. Primera: no tengo por costumbre acudir a todas las manifestaciones con cuyo enunciado estoy de acuerdo. No pararía en casa. Y segunda: sé que una manifestación no se caracteriza sólo por las consignas que figuran en la convocatoria; que tan importante como eso, o más, es quién la convoca y con que finalidad lo hace.

No sé si alguien se llamó a engaño, pero yo, desde luego, no. Me constaba que el PP había promovido la concentración anticastrista del sábado, exiliados cubanos mediante, como una pieza más dentro de sus planes para recuperarse del descrédito que le ha granjeado su apoyo a la guerra. Pretendía tener una excusa para decir: «Vaya pacifistas de pega están hechos todos ésos, que no protestan contra las ejecuciones ordenadas por el viejo dictador de La Habana».

El objetivo oculto –apenas oculto, en realidad– era el de respaldar la política intervencionista y agresiva de los Estados Unidos también con relación a Cuba.

En tales condiciones, ¿qué diablos hubiera pintado yo en semejante concentración? Repleta de incondicionales de los EUA dispuestos a maldecir las ejecuciones de Castro pero de ningún modo las de Bush –es decir, rodeado de gente que puede hacer la vista gorda, llegado el caso, ante la pena de muerte–, del brazo de elementos que aplauden los afanes imperialistas de Washington en relación a su propio país (¿cómo habría que llamar a eso? ¿Antisoberanistas?), metido en medio de una banda de energúmenos educados en la peor escuela del matonismo gangsteril de Miami, mi presencia sólo habría servido para que la rentabilizaran algunas de las fuerzas políticas más deleznables del panorama local e internacional.

Unos tíos que son capaces de abroncar a Jesús Caldera llamándolo «rojo» y «comunista» evidencian su desvarío... y su daltonismo: ni saben qué es ser «rojo» ni conocen a Caldera.

Hubo algunos que se presentaron en esa concentración, a la que finalmente fueron cuatro gatos –aunque, eso sí, mal avenidos–, por razones semejantes a las implícitas en las preguntas de mi amigo Gervasio. En el pecado tuvieron la penitencia. A fuerza de aspirar a un purismo democrático excelso, se encontraron haciendo bulto en un acto fascista.

Yo ya me he manifestado –aquí, y muy claramente– en contra de las ejecuciones de Castro. En una compañía que difícilmente puede salirme rana: la mía. Allá con sus tripas los que se arriesguen a frecuentar tan malísimas compañías.

 

(28 de abril de 2003)

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