En las ya de por sí agitadas aguas de la Universidad del País Vasco empieza a navegar un nuevo escándalo, a cuenta de los avatares de una extraña «Oficina de Compras», integrada por una sola persona, que está obteniendo elevadísimas comisiones por gestiones cuya realización es a veces sorprendentemente sencilla.
La tal «Oficina de Compras» se llama, en concreto, Germán Fernández. El señor Fernández, encargado por el rector de la UPV de las compras de equipamiento de infraestructura de investigación, cobra, según documentos que obran en poder de El Mundo, una media de 4,5 millones de pesetas mensuales en concepto de comisiones.
El trabajo del señor Fernández puede llegar a ser de una sencillez pasmosa. Ha percibido pagos de hasta el 12% por obtener rebajas que algunas empresas vendedoras conceden de manera automática a toda persona u organismo vinculado a la Universidad. Dicho de otro modo: el señor Fernández llega a cobrar incluso por no hacer falta.
La antedicha Oficina de Compras nació en marzo de 1988 por iniciativa personal del rector, Emilio Barberá. Este decidió prescindir, por razones desconocidas, de los recursos humanos de la propia UPVEHU (Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibersitatea) y procedió a privatizar la gestión de compras de infraestructura y de investigación, subcontratándola a una persona física formalmente ajena a la Universidad.
El pliego de prescripciones técnicas del contrato correspondiente, al que El Mundo ha tenido acceso, afirma en no muy humildes términos que se trata de «realizar toda actividad tendente a la busca y captura a nivel mundial (sic) de los mejores proveedores de los productos y servicios solicitados por la UPVEHU», obteniendo de aquellos «las mejores ofertas de prestaciones, calidad, modernidad, precios, formas de pago, servicio de puesta en marcha, training, servicios postventa y de mantenimiento y su extensión y precio».
A cambio de ello, el beneficiario del encargo, adjudicado por el sistema de contratación directa, pasaba a disfrutar de sustanciosas comisiones, establecidas en función de los porcentajes de descuento que consiguiera. Las comisiones podían elevarse hasta el 12% del total, en caso de que la reducción fuera superior al 30%.
El contrato fue adjudicado en primera instancia, en 1988, a Ramón Ariño, miembro del Servicio de Asesoramiento Técnico de Equipamiento de la propia UPV.
Por razones que El Mundo no ha logrado esclarecer, Ramón Ariño decidió abandonar estas labores un año después de haberlas asumido. Pidió al rector que le relevara de ellas y recomendó que se las concediera a un ayudante suyo, Germán Fernández.
El rector Barberá aceptó la dimisión de Ramón Ariño y también sus previsiones sucesorias. El 30 de junio de 1989 transfirió las fundones de la Oficina de Compras al citado Germán Fernández, sin mediar contrato de ningún tipo con él.
Esta no muy regular situación se mantuvo hasta el 15 de enero de 1990, fecha en que el rector verificó dos actos jurídicos casi simultáneos. Por el primero, firmó un nuevo pliego de condiciones para cubrir la plaza dejada vacante por Ariño. Por el segundo, adjudicó esa vacante a Germán Fernández. Todo el mismo día.
El pliego de condiciones, en un alarde de optimismo, preveía la existencia de una licitación abierta a varios candidatos. No obstante, al realizarse la convocatoria y la adjudicación a la vez, malamente pudieron aparecer otros candidatos, con lo que Germán Fernández pasó a convertirse en heredero único de la lucrativa y unipersonal Oficina de Compras.
Aquel fue un día de suerte para el señor Fernández. Cogió al rector Barberá en un excelente momento de generosidad. No sólo consigió la plaza en un tiempo record en su género, también logró que la Universidad firmara un contrato por el que se imponía a sí misma condiciones leoninas. Y ello incluso en comparación con las ya muy favorables de que gozaba su antecesor.
Para empezar, Fernández logró ampliar el plazo de vigencia del contrato, que pasó de dos a tres años. También se aseguró sustanciosos ingresos: la UPV le certificó un mínimo del 75% de la facturación del año anterior, sin exigir de él la obtención de un mínimo de beneficios para la Universidad. En fin, Fernández consiguió –sin duda por sus elevadas dotes de persuasión– que la UPV se prohibiera en la práctica la rescisión del contrato, puesto que en tal caso habría de abonarle la media de lo obtenido por comisiones en los dos años anteriores.
El Mundo posee muestras documentales de algunas adquisiciones realizadas por la Universidad del País Vasco gracias a los servicios del comisionista Fernández.
Ejemplo: ordenador Macintosh, modelo SE. Precio de venta al público en julio de 1990: 455.000 pesetas. Precio logrado por Fernández: 235.000. Rebaja: 48%. Comisión correspondiente: 12%. ¿Objeción? La firma vendedora, por propia iniciativa, ya ofrecía el ordenador a la Universidad al precio de 235.000 pesetas, sin necesidad de que ningún Fernández hiciera la más mínima gestión. Resultado: cada ordenador le salió a la Universidad unas 25.000 pesetas más caro que si la Oficina de Compras dedicada a la «busca y captura» «a nivel mundial» no hubiera existido.
Gracias a estas y otras varias gestiones –no siempre, por supuesto, tan ruinosas– el señor Fernández ha pasado de ser un modesto ciudadano a convertirse en floreciente millonario.
Sólo en el plazo comprendido entre el 26 de octubre de 1989 y el 10 de abril de 1990, Fernández cobró de la UPV, en concepto de comisiones, la coqueta cantidad de 26.813.874 pesetas, lo que eleva sus ingresos medios mensuales a la nada desdeñable suma de 4,5 millones, pellizco arriba, pellizco abajo.
Parece poco probable que Germán Fernández tenga motivos de queja con respecto a los criterios económicos del Rectorado de la Universidad del País Vasco.
Lamentablemente, su caso no parece ser general. De hecho, el Tribunal Superior de Cuentas de la Comunidad Autónoma ya tiene en marcha una investigación sobre otras hipotéticas irregularidades en la gestión de la UPV-EHU.
Javier Ortiz. El Mundo del País Vasco (20 de marzo de 1991). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de enero de 2018.
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