Desde Jamaica

El Gobierno de Aznar tomó hace meses una resolución: la de acabar con ETA por la vía de la represión, y sólo por la vía de la represión. Nada de medidas políticas destinadas a aislar a los más recalcitrantes del MLNV y a atraer a los indecisos al campo de la paz. De ese género de medidas no quiere saber nada porque, si bien son eficaces contra ETA, contribuyen a fortalecer y unificar el campo nacionalista.

«Es una política a largo plazo», «Hay que tener paciencia», «No caigamos en el desaliento», dicen y repiten los responsables gubernamentales. Pero el hecho es que pasan los meses y las cosas no mejoran ni poco ni mucho. En realidad, empeoran. Y el Gobierno, aunque insiste una y otra vez en sus llamamientos a la perseverancia, se da cuenta de que la opinión pública -su opinión pública- no se siente en absoluto satisfecha. Se apercibe igualmente de que sus intentos de hacer vudú con los errores del PNV y la ineficacia de la Ertzaintza empiezan a caer en saco roto, en la medida en que ETA golpea también contundentemente fuera de Euskadi, y fuera de Euskadi ni gobierna el PNV ni es la Ertzaintza la encargada de acabar con la organización terrorista. Comprueba que ni siquiera los éxitos policiales son capaces de contrarrestar la sensación general de hastío: cada cual se da cuenta de que, por cada comando de ETA que es neutralizado otro toma su lugar, y que ese proceso sustitutorio amenaza con volverse eterno y, con él, el deseado fin de la propia ETA.

En tales circunstancias, los paladines de la «solución policial» comprenden que algo debería hacerse para aminorar la explosiva mezcla de desánimo e impaciencia que se va generalizando en la ciudadanía.

Sólo que no tienen claro qué podrían hacer.

La última idea que se les ha ocurrido es la de reformar el Código Penal para ampliar el tiempo máximo que un condenado por delitos de terrorismo puede pasar en la cárcel. Actualmente es de 30 años. Proponen que se restablezca la condena a reclusión de por vida, es decir, la cadena perpetua entendida en su literalidad. «Por lo menos», dicen, «para aquellos terroristas que se mantengan ideológicamente en sus trece». «No se puede correr el riesgo de que al cabo de 30 años salgan a la calle para volver a las mismas».

Ignoro si son conscientes de las implicaciones que tiene su propuesta. Señalaré sólo algunas.

En primer lugar, supone un cambio de 180º en la filosofía que el castigo penal tiene en el ordenamiento jurídico español. Éste descarta la consideración de la pena en tanto que venganza. La entiende como un medio destinado a la rehabilitación del preso y a su reinserción en la sociedad. Si alguien es condenado a pasar el resto de su vida entre rejas (a «pudrirse en la cárcel», que diría Felipe González), no hay reinserción posible. (Llamo la atención de paso sobre el hecho de que, una vez se opta por la consideración de la pena en tanto que venganza, se abre la puerta a la restauración de la pena de muerte, como expresión más acabada de la venganza).

En segundo lugar, la propuesta es contradictoria. Si de lo que se trata -y así lo dicen quienes la defienden- es de que el hijo de una víctima de ETA no pueda encontrarse al cabo de 30 años con el asesino de su padre sentado en la mesa de al lado en un restaurante, el hecho de que el asesino se haya arrepentido o no es irrelevante. Seguirá siendo el asesino y estando en la mesa de al lado.

En tercer lugar: vincular la duración de la pena, no a que el recluso se arrepienta del delito que cometió, sino a su transformación ideológica, es impropio de un sistema penal civilizado. Eso es el Gulag.

En cuarto lugar: cualquiera sabe que una persona que sale al cabo de 30 años de la cárcel ya no es en ningún caso la misma que entró en ella. Podrá ser mejor o peor, según lo que le toque vivir durante esas tres décadas, pero en ningún caso será la misma.

En quinto lugar, se equivoca al atribuir un papel disuasorio al aumento del cumplimiento de pena por encima de los 30 años. Los activistas de ETA no creen que vayan a pasar en la cárcel 30 años. Están convencidos de que antes habrá algún acuerdo político que los dejará en la calle.

Lo que nos conduce a la quinta y fundamental implicación de la propuesta: la eficacia de esa medida se basa en la hipótesis, verdaderamente deprimente, de que dentro de 30 años seguirá existiendo ETA.

Estamos, una vez más, dentro de lo que el penalista Enrique Gimbernat suele llamar «el Derecho Penal simbólico»: son iniciativas legislativas que se toman no tanto porque se considere que van a tener una especial eficacia fáctica, sino, sobre todo, porque dan la sensación, de cara a la galería, de que el legislador no se está con los brazos cruzados y es muy enérgico.

Lo malo es que, ya de paso, horadan las bases del Estado de Derecho.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (23 de octubre de 2000). Subido a "Desde Jamaica" el 23 de octubre de 2009.