Pasado mañana van a ser juzgados en Madrid cinco militantes de Izquierda Castellana que hace dos años embadurnaron con pintura roja la estatua ecuestre de Francisco Franco instalada en el patio de entrada de los Nuevos Ministerios, en la capital del Reino.
Alegan los cinco encausados que lo que pretendieron con su acción fue llamar la atención sobre la afrentosa existencia en España, 25 años después de la instauración del régimen parlamentario, de cientos de monumentos, placas conmemorativas y nombres de calles que exaltan la memoria de los liberticidas que se levantaron en armas en 1936 contra la legalidad republicana y que pusieron en pie una sanguinaria dictadura que negó a la ciudadanía española toda suerte de derechos y libertades -incluido el derecho a la vida- durante casi cuatro décadas.
La denuncia es digna de elogio. Sobre todo considerando que, en este caso, el pétreo homenaje al dictador se halla enclavado dentro de un recinto oficial del propio Estado. La presencia de un monumento como ése en un espacio de la Administración constituye una permanente afrenta no sólo a los actuales principios constitucionales sino también, y de modo muy destacado, a las víctimas del franquismo, afrenta que resulta doblemente intolerable puesto que viene avalada por quienes teóricamente deberían impedir que se produjera.
No sé cómo enfocarán los militantes de Izquierda Castellana su defensa ante el tribunal. Tal vez sientan la tentación de apelar a la circunstancia atenuante definida en el artículo 21.3 del vigente Código Penal: «La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante». Qué duda cabe que la visión permanente del monumento fascista en cuestión puede fácilmente suscitar sentimientos de ese género. Pero, en mi criterio, harían mejor en invocar directamente el artículo 20.7 del mismo Código, que exime por entero de responsabilidad criminal a «el que obre en cumplimiento de un deber».
Porque eso es exactamente lo que han hecho: cumplir con el deber de recordarle al Estado que no está cumpliendo con el suyo.
No me digan que no tiene delito que las mismas autoridades que elaboran normas muy estrictas -y políticamente muy correctas, se supone- para impedir que en los estadios de fútbol se haga exhibición de simbología nazi-fascista... ¡la conserven en los patios y vestíbulos de sus propias sedes! Lo mismo que la Iglesia Católica, que mantiene adornadas con hirientes yugos y flechas las fachadas de muchas de sus iglesias.
A quienes los tribunales deberían atar corto no es a los que ponen el dedo en la llaga, sino a quienes se empeñan en mantenerla abierta, insultándonos con el constante y omnipresente recuerdo de desafueros que, por lo visto, siguen considerando dignos de homenaje.
Nota.- El juicio contra los militantes de Izquierda Castellana José Antonio de Torre, Diego Estébanez, Juan Carlos Gómez, Luis Ocampo y Paulino Reyero se celebrará el próximo viernes, día 17 de enero, a las 11 de la mañana, en los Juzgados de la Plaza de Castilla (planta 2ª), en Madrid. Si estás en Madrid, puedes escaparte a esa hora y quieres manifestarles tu solidaridad, estaría muy bien que acudieras.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social y El Mundo (15 de enero de 2003), salvo la nota, la cual apareció en el Diario únicamente. Subido a "Desde Jamaica" el 16 de febrero de 2017.
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