Discrepo del derecho de gracia del Poder Ejecutivo. Considero que su existencia convierte al Consejo de Ministros en una especie de instancia superior de apelación; en algo así como un tribunal supremo por encima del Tribunal Supremo. Es un atavismo medieval incoherente e improcedente. Pero existe. Persiste. En España y en todas partes. Y, mientras tenga vigencia, digo yo que habrá que atenerse a las normas que lo regulan.
Que el indulto gubernamental se ajusta a Derecho es algo que nadie medianamente sensato debería discutir a estas alturas. Menos aún después del inapelable artículo publicado el viernes por Enrique Gimbernat en El Mundo. Incluso el sectarismo más feroz debe tener sus límites.
Es una resolución conforme al Derecho positivo y, además, en este caso, también acorde con la Justicia. Justicia, sí: con mayúscula.
La sentencia que le condenó fue, dicho sea sin ningún respeto, un disparate. No afirmaré que se trató de un disparate deliberado porque yo, a diferencia de lo que hicieron los magistrados firmantes de aquella sentencia, renuncio a investigar en cabeza ajena. Dejo aparte las intenciones. Pero disparate, vaya que sí lo fue.
Dieron por hecho que Liaño había dictado en el caso Sogecable resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran. Y lo condenaron sin tener la más mínima base objetiva en la que asentar esa suposición malévola. No pudieron probar que hubiera actuado persiguiendo intereses espurios. No lograron explicar -¿cómo hubieran podido hacerlo?- por qué las resoluciones presuntamente injustas del juez contaron en todo caso con el respaldo de la Fiscalía.
No fue la sentencia de Juan Palomo: los magistrados que la promovieron se la guisaron, pero no se la comieron. Ignoro a cuento de qué se sorprenden ahora de que el Gobierno haya optado por deshacerse de su guiso. ¿Qué querían, si lo fabricaron tan indigesto?
Si la indignación de los magistrados sentenciadores está fuera de lugar, más comprensible resulta, en cambio, la de los promotores de la sentencia. ¡Pusieron tanto interés y tanta pasión en demostrar que constituye la peor de las imprudencias molestar la paz jupiterina del gran patrón de Prisa! Pero no tienen motivo para inquietarse: tengan por seguro que, por mucho que Liaño haya sido indultado, todos los jueces se han aprendido la lección.
No hace falta reformar la Constitución. Ahora ya todo el mundo sabe que el verdadero artículo 56.3 de la Ley de Leyes dice: «Las personas del Rey y Polanco son inviolables y no están sujetas a responsabilidad».
Javier Ortiz. El Mundo (10 de diciembre de 2000). Subido a "Desde Jamaica" el 10 de enero de 2013.
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