Columnas publicadas en El Mundo

 Conversé el sábado con Joan Botella i Corral, uno de los principales responsables del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), tan en el centro de tantas polémicas durante las últimas semanas. Persona apacible y sensata, estuve de acuerdo con él en no pocos puntos. Uno, clave, es que, si la concesión de licencias para la puesta en marcha de emisoras de radio y televisión es competencia de la Administración, a ella corresponde también vigilar que las empresas que han recibido el permiso correspondiente se atengan a las condiciones exigidas. Tampoco le negué que hay determinadas ocasiones en las que el organismo administrativo competente -el CAC, en el caso de Cataluña- puede verse en la obligación de intervenir de manera cautelar, ante la imposibilidad de que los órganos de Justicia, de natural premioso, actúen a tiempo para evitar un determinado mal.

En lo que no pude estar de acuerdo con él fue en su empeño en que la Administración debe velar por la veracidad de la información. Porque la idea misma de «veracidad» arrastra con frecuencia demasiados elementos subjetivos. Él puso un ejemplo: «Si alguien dice que el Estatut obliga a los ciudadanos de Cataluña a hablar en catalán, miente. Porque no es verdad que lo haga». Le respondí que yo también considero que una afirmación como ésa no se ajusta a la verdad, pero que puede haber quien piense que el Estatut otorga a la lengua catalana un trato tan favorable que, en la práctica, la convierte en obligatoria. Con lo cual, si dice tal cosa, no cabe acusarle de estar mintiendo deliberadamente. Es su modo de ver la realidad.

Acabada la conversación, estuve repasando la prensa del día. Y me encontré con muchos ejemplos ilustrativos. Este titular, por ejemplo: «La segunda oportunidad de un maltratador». Y de subtítulo: «El preso que mató a su ex mujer en Palma había sido detenido por amenazar a una pareja anterior». Se trata de una información que induce al error: el individuo en cuestión fue detenido en tiempos por amenazar a una mujer (detenido, que no juzgado, ni condenado, que se sepa) pero, en todo caso, ahora no se encontraba en la cárcel por maltratador, sino por ladrón. Para que pudiera hablarse de «la segunda oportunidad de un maltratador», el homicida tendría que estar cumpliendo condena por malos tratos, no por robo.

Pongo este ejemplo tan sólo porque lo tengo delante de los ojos. Podría elegir cualquier otro periódico, o cualquier informativo de radio o de televisión. La veracidad y la falsedad tienen a menudo fronteras muy difusas. La realidad es interpretable.

En mi criterio, cuantos menos organismos con capacidad de represión haya, mejor. Porque la experiencia demuestra que, por loables que sean las causas para las que son creados, a la larga siempre acaban sirviendo a los poderosos contra los débiles.

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(Es copia del artículo publicado en El Mundo el 9 de enero de 2006)