Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ratifica –ya lo habían dictado antes otros tribunales, pero esta resolución zanja la cuestión– que las mujeres tienen igual derecho que los hombres a la sucesión en las grandezas de España y los títulos nobiliarios.
Lo primero que se le ocurre a uno, a la vista de la sentencia, es si no debería aplicarse también a la primogenitura de doña Elena María Isabel Dominica de Silos de Borbón y Grecia, hermana mayor de don Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, sucesor de la Corona de España. Pero, así que se hojea el dictamen, se descubre que los integrantes del TC podrán ser muchas cosas, pero no bobos. No quieren líos: dejan muy claro que su sentencia se refiere sólo a los litigios de sucesión que han sido llevados a los tribunales. Y doña Elena María Isabel… etcétera, por mayor que sea, nunca ha reclamado su derecho preferente a ser nuestra futura reina. Lo cual es una lástima, porque habría contribuido de manera decisiva al advenimiento de la III República.
Lo que me ha llamado más la atención en este asunto es el interés que pone el TC en asegurar la igualdad entre los hombres y las mujeres de la nobleza y cómo eso contrasta con su absentismo a la hora de dictar –no de forma retórica, sino imperativa– la igualdad de mujeres y hombres en la vida a ras de suelo. ¿Por qué no dictamina, por ejemplo, que es anticonstitucional y perseguible de oficio que una mujer gane menos por ejercer la misma tarea laboral que un hombre? Eso no afectaría al Vizcondado de Torre Mayor, del que trata la sentencia, pero sí a cientos de miles de mujeres que ahora mismo sufren esa discriminación.
Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (15 de marzo de 2009). También publicó apunte ese día: Enfermo.
