El Consejo de Europa ha condenado el franquismo y ha instado al Estado español a que honre a las víctimas de la dictadura, erigiendo monumentos en su memoria e instalando en el Valle de los Caídos una exposición permanente que recuerde los horrores provocados por el régimen nacido del levantamiento militar del 18 de julio de 1936. Ha propuesto igualmente que el próximo 18 de julio, septuagésimo aniversario de aquella fecha de triste recuerdo, sea declarado Día Internacional de Condena del Franquismo.
La condena está bien, pero ha dejado fuera aspectos esenciales de la cuestión. Los principales, en mi criterio, son tres. En primer lugar, no menciona –y, por supuesto, no condena– la ayuda de facto que las potencias occidentales prestaron al alzamiento fascista, del que fue muy llamativa expresión el Tratado de No Intervención, por el que decidieron no tomar partido en la Guerra Civil subsiguiente. En segundo término, no subraya que el Estado español sigue mostrándose complaciente con el bando franquista, aceptando la existencia de numerosos monumentos erigidos en honor de sus integrantes y de cientos de calles y plazas públicas dedicadas a sus más destacados miembros. (Escribo estas líneas desde Santander, ciudad que todavía es posible atravesar de punta a cabo sin salirse en ningún momento de calles que llevan nombres propios de la iconografía de la dictadura y de secuaces de Franco). En tercer lugar, la condena del Consejo de Europa no muestra su repudio ante el hecho de que destacados franquistas que jamás han mostrado arrepentimiento sigan ocupando puestos de relevancia en la sociedad española actual.
Estas tres insuficiencias tienen explicación. No es que los integrantes del organismo que agrupa a 43 países del Viejo Continente se hayan olvidado de esos aspectos del asunto; es que no hubieran podido mencionarlos sin que surgiera de inmediato la división en su seno. De entrar en esas consideraciones, tendrían que afrontar la incongruencia que supone condenar la obra de Franco y, a la vez, aceptar la materialización de sus previsiones sucesorias. Y no desean hacerlo. En absoluto.
En realidad, ni siquiera los promotores de la iniciativa buscaban algo parecido a eso. Entre ellos había socialistas españoles, como Luis María del Puig y Luis Yáñez, cuyo partido tiene excelentísimas relaciones con empresas presididas por destacados ex franquistas, alguno de los cuales incluso ha recibido en fecha no muy lejana una condecoración oficial «por su trayectoria de servicio público» (sic).
De modo que la resolución del Consejo de Europa tiene deficiencias graves, pero lógicas.
«Más vale poco que nada», suele decirse. Pero no está tan claro. A veces lo poco está para disimular vacíos clamorosos que, de mantenerse, podrían resultar más expresivos y, en ese sentido, más aleccionadores. No sé.
