Crece y crece mi admiración por el desparpajo argumental del que hacen constante gala Mariano Rajoy sus legionarios. La aportación que el presidente del PP hizo ayer al género del descaro político bien puede considerarse antológica. Según él, que «dos de cada tres» electores potenciales no hayan respaldado el nuevo Estatuto en el referéndum celebrado en Cataluña obliga a paralizar el proceso, porque no se puede seguir adelante con un consenso tan mínimo.
Respondo rápidamente.
En primer lugar, llamo la atención sobre el hecho de que el porcentaje de la ciudadanía catalana que respaldó la Constitución Europea en el referéndum de febrero de 2005 fue muy inferior al que ayer dio su apoyo al nuevo Estatuto de Autonomía. En esta ocasión ha votado afirmativamente el 73,9% de los que han acudido a las urnas, que han supuesto el 49,4% del censo electoral. En el referéndum sobre la Constitución Europea, en cambio, los votos afirmativos fueron depositados por el 64,84% de quienes emitieron su sufragio, cuyo total se quedó en el 40,6% del censo. O sea, menos proporción de gente sobre un total menor en número. En el conjunto de España la abstención rondó una cifra pareja a la catalana: el 58,23%. ¿Alguien oyó decir a Rajoy que una participación ciudadana tan baja invalidaba el proceso de respaldo a la Constitución Europea, que debería quedar en suspenso hasta que se alcanzara un mayor consenso social? Claro que no.
En segundo lugar, y por dar un carácter más general al modo rajoyniano de examinar los resultados electorales, me parece de interés recordar que José María Aznar alcanzó la Presidencia del Gobierno en 1996 con el respaldo de menos de 10 millones de votos, sobre un censo electoral de más de 32 millones y medio de personas. Expresado en porcentaje, eso quiere decir que obtuvo el apoyo de algo menos del 30% del electorado. Lo cual les pareció un éxito apoteósico.
Por su parte, el Estatut de Autonomía catalán ha sido aprobado por cerca del 38% del censo electoral de la comunidad autónoma.
Sería interesante que Mariano Rajoy –o el propio Josep Piqué, en su defecto– nos explicara por qué, a su juicio, el beneplácito del 30% de la población le pareció más que suficiente para que Aznar pudiera hablar y decidir en nombre del 100% durante cuatro años, pero, en cambio, entiende que el asentimiento del 38% es poco menos que filfa (*). De paso, podría aprovechar para contar por qué considera que el 62,4% son «dos de cada tres».
Entro en todas estas consideraciones nada más que para mostrar la lógica oportunista y acomodaticia que utiliza esa gente, no porque crea que el 38% vale para esto o lo otro, pero el 30% no, o lo que sea. Siempre he dicho que los votos no están hechos en lo esencial para ser interpretados, sino contados. Fuera de eso, las propias leyes establecen qué votaciones requieren un determinado quórum y cuáles no. Se supone que se piensa a la hora de establecer la norma qué participación mínima debe considerarse de rigor. No hace al caso inventarse mínimos sobrevenidos.
Pero eso es típico de los dirigentes del PP: cuando el resultado de una votación no les gusta, pueden rumiarlo hasta la saciedad. (La nuestra, por supuesto: ellos son insaciables.)
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(*) Dijo también Rajoy que éste es el Estatuto de Autonomía que menos respaldo popular ha suscitado. Miente, y él está obligado a saberlo. El referéndum de ratificación del Estatuto de Galicia, celebrado el 21 de diciembre de 1980, registró una participación del 28,2% del censo electoral (614.218 votantes sobre un censo electoral de 2.172.898 ciudadanos). Recogió el voto afirmativo del 20,7% de los votantes posibles (¡uno de cada cinco!).
