No pasa de ser una broma de mal gusto la pretensión de que el reciente acuerdo alcanzado entre la vicepresidenta del Gobierno y los jerarcas de la Conferencia Episcopal Española en relación a la financiación de la Iglesia Católica a través del IRPF abre el camino hacia su autofinanciación.
Para empezar, tiene bemoles que se hable de «abrir el camino» de la autofinanciación de la Iglesia Católica española en 2006, cuando la Santa Sede se comprometió en 1979 (¡en 1979!) a lograr ese objetivo en el más breve plazo. ¡27 años para dar el primer paso!
Pero es que, además, ese paso es ridículo. El Estado no pagará a la Iglesia Católica a partir de 2007 el llamado «complemento presupuestario» (asignación directa), pero a cambio aumentará en un 34% el porcentaje de lo que le asigna a través del IRPF.
Conviene no olvidar que es impropio llamar «impuesto religioso» al 0,7% (o al actual 0,5239%) del IRPF que el declarante puede destinar a la Iglesia de Roma. El contribuyente católico no pone ni un céntimo de su bolsillo para el mantenimiento de su Iglesia; es el Estado el que renuncia a quedarse con el 100% de lo tributado. Con lo que, indirectamente, seguimos siendo todos los contribuyentes los que corremos con el gasto.
No menos capciosa es la pretensión de la Conferencia Episcopal de que «renuncia a la exención del pago del IVA en la adquisición de bienes e inmuebles». ¡A la fuerza ahorcan! La UE había conminado al Estado español a suprimir ese privilegio, amenazando con sancionarlo si no lo hacía en el plazo de dos meses. Y los dos meses ya habían transcurrido en el momento en el que se alcanzó el acuerdo (que todavía no es firme, por lo que la sanción podría llegar a materializarse).
En cualquier caso, todo esto no pasa de ser el chocolate del loro. Porque el Estado español, en sus diferentes niveles (central, autonómicos, provinciales, locales) y divisiones de actividad (Educación, Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo y Asuntos Sociales, principalmente), concede al año a la Iglesia Católica, según los cálculos más fiables, una cantidad superior a los 5.000 millones de euros. El grueso de esa caudal se va en subvenciones a centros educativos de propiedad eclesial (3.200 millones), gasto al que deben vincularse también los salarios de los profesores de religión (517 millones). Arguye la jerarquía católica que, si su Iglesia no se encargara de esa parte de la labor educativa, lo mismo que de no pocas tareas asistenciales, hospitalarias y caritativas, tendría que asumirlas el Estado, probablemente con un coste superior. ¿Y? Siempre me he opuesto a que el Estado delegue en organizaciones no oficiales (ONG, por ejemplo) responsabilidades que le corresponden de manera directa. El caso de la Iglesia Católica es doblemente inaceptable, porque la dejación que hace el Estado de algunas de sus obligaciones permite a una confesión religiosa concreta difundir su ideario a costa del dinero de todos, incluidos los que profesan otras creencias y los que no tenemos de eso.
Eso sin contar con que hay partidas presupuestarias –sufragadas, por tanto, a costa del erario– cómodamente instaladas en el surrealismo. ¿Cómo puede ser que un Estado que se dice «aconfesional» se gaste 30 millones de euros en subvencionar el mantenimiento y las actividades del millar largo de capellanes que realizan funciones exclusivamente religiosas en hospitales, cárceles y cuarteles (estos últimos comandados por un arzobispo que ostenta el grado de general de División, para acabar de rematar el disparate)?
La comparación entre el trato que asigna el Estado a la Iglesia Católica y el que otorga a las otras tres confesiones oficialmente consideradas como «de notorio arraigo» (islamismo, protestantismo, judaísmo) retrata un panorama escandaloso. Esas tres iglesias reciben 3 millones de euros, que son repartidos entre ellas por un organismo formado por la propia Administración del Estado. Ni un céntimo de ese dinero puede destinarse ni al culto ni al abono de salarios; sólo a obras de interés social. Y tienen que rendir cuentas de lo gastado hasta el último céntimo. Además, esas Iglesias no gozan de ninguno de los privilegios fiscales que disfruta la Iglesia Católica.
La cuenta final es clara: cada año que pasa, el Estado español –es decir, el conjunto de los que alimentamos sus arcas– paga más dinero a la Iglesia Católica. Es decir, se aleja más de la anunciada perspectiva de autofinanciación.
Álvaro Cuesta, secretario de Libertades de la Ejecutiva del PSOE, ha dejado entrever que en su partido, que no ha sido consultado sobre este acuerdo, hay un considerable malestar por los términos pactados con la Conferencia Episcopal. Para mí no ofrece la menor duda de que Zapatero está tratando de neutralizar la enemistad de la Iglesia Católica, a la que teme. En esa línea interpreto también el apoyo que concedió hace unos días a las palabras de Benedicto XVI sobre el Islam. Se ve que es otro más de los que creen que para que las fieras no ataquen hay que darles carnaza sin parar. En vez de meterlas en una jaula bien resistente.
Nota de edición: Javier publicó una columna que trata el mismo asunto en El Mundo: Las arcas de la Iglesia católica.
