Matar periodistas, desactivar la crítica

Eduardo Giordano es periodista y escritor. Autor, entre otros libros, de “Conversaciones con James Petras. La izquierda antes y después de la caída del muro” (Hacer Editorial, Barcelona).

Los atentados dirigidos contra periodistas, intelectuales, artistas y otros posibles disidentes en el campo cultural e informativo constituyen una de las características distintivas del terror de ultraderecha en no pocas sociedades autoritarias o dictatoriales. El terrorismo de Estado asesinó en Argentina a cerca de un centenar de periodistas en tan sólo siete años, y el encarnizado terror paramilitar ha superado esta cifra en Colombia durante las dos últimas décadas. Parece difícil, en cambio, hallar algún ejemplo de movimientos populares de izquierda, tanto en América Latina como en cualquier parte del mundo, que haya considerado a los periodistas como un blanco preferente de su accionar militar en la lucha contra el poder establecido.

En la experiencia histórica de la mayor parte de los movimientos de liberación nacional del tercer mundo no hay cabida para esta clase de ejecuciones sumarias, por muy reaccionaria que se considere la actuación del sistema informativo. Simplemente son actos inconcebibles por su propio carácter antidemocrático y liberticida, diametralmente opuesto a los fines sociales que se persiguen con la lucha política. Casi todos los grupos insurgentes de izquierda descartan por principio la posibilidad de atentar contra periodistas, incluso contra aquellos a quienes consideran mensajeros del poder. Muchas organizaciones armadas o grupos guerrilleros de América Latina (por ejemplo en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, y más recientemente en Chiapas) nunca se han planteado ni remotamente esta aberración política, porque sus acciones militares no apuntan a generar una espiral de violencia, sino ante todo a proteger a la población civil. La diferencia ética primordial –y por tanto de proyecto político- entre una fuerza guerrillera de izquierda y un comando paramilitar de derecha salta a la vista cuando se analizan los objetivos y destinatarios de las acciones militares, la proporcionalidad entre medios y fines e incluso la naturaleza de sus métodos.

Incluso si fallan los principios éticos, hay un elemento pragmático que aconseja a los grupos violentos, cuando éstos se articulan con un amplio apoyo social, no socavar el potencial de este apoyo dando argumentos a toda la profesión periodística para extremar el posicionamiento en su contra. Tal como ocurre con los atentados indiscriminados contra la población civil (bombas en mercados, centros comerciales, etc.), estos hechos tienen como principal rédito político el azuzar el odio contra la causa invocada como legitimadora de los atentados y contra la población públicamente identificada con esa causa. Se trata, ni más ni menos, de atentados cuyo principal efecto secundario es agigantar el odio social y/o racial.

El mundo abertzale en la prensa española

La información ofrecida sobre Euskadi por los grandes medios de comunicación españoles ha sido ideológicamente muy sesgada desde el comienzo de la Transición política, aunque mucho más en los últimos años, desde que el PNV (Partido Nacionalista Vasco) rompió sus pactos con el gobierno central y decantó su estrategia hacia el lado abertzale, como también, por otra parte, ha sido sumamente sesgada la mayor parte de la información política respecto de la izquierda española no socialista (en particular sobre Izquierda Unida, durante todo el período de liderazgo de Julio Anguita). No se trata de justificar ahora las burdas manipulaciones y silencios cómplices que entretejieron cotidianamente algunos periódicos, especialmente desde su línea editorial, para ocultar los vínculos políticos del terrorismo de Estado en el caso de los GAL, o las espectaculares revelaciones del mismo caso a través de los llamados papeles del CESID para favorecer electoralmente al PP (Partido Popular) en las elecciones de 1996. Todo ello formó parte del juego de poder en la España de los últimos años.

Actualmente, el principal error de los medios de comunicación españoles al abordar la realidad política de Euskadi es su rechazo en bloque de las expresiones de nacionalismo vasco, y en algunos casos, además, con la complementaria impregnación ideológica de un profuso nacionalismo español. En el debate político, el precepto constitucional de la unidad de España es infranqueable en el espacio público, no sólo periodístico. Los actores políticos que no aceptan este principio quedan fuera del escenario, excepto cuando se trata de vincularlos orgánicamente con el terrorismo.

De este modo, no se consigue objetivar el lugar de los grupos y movimientos de izquierda abertzale que se mueven fuera de las directrices partidarias de HB (Herri Batasuna), y que plantean con valentía la exigencia de un recorrido político completamente distinto, no violento, para alcanzar su propuesta de autodeterminación. Pocos saben que existen sectores de la izquierda abertzale que se desmarcaron claramente de HB/EH por la izquierda (en términos de democracia real) cuando se produjo la ruptura de la tregua de ETA, tales como la formación navarra Batzarre (un pequeño partido que estuvo integrado en EH y condenó rotundamente la vuelta a los atentados), la organización vasca Zutik (que considera injustificables las acciones militares de ETA y que desde el ámbito nacionalista desarrolla una visión no excluyente de lo español en una sociedad caracterizada por el mestizaje) o, a título personal, varios concejales de EH de diversos ayuntamientos de Euskadi que condenaron los atentados de ETA o renunciaron a sus cargos en total desacuerdo con la estrategia inflexible de lucha armada que preconiza su dirigencia.

También hay que destacar la existencia de colectivos de periodistas vascos (como toda la redacción de la revista bilingüe Hika, editada en Bilbao y San Sebastián), así como de profesores universitarios e intelectuales abertzales de izquierda muy críticos con la violencia de ETA, e incluso con su propia existencia actual¹. El uso mismo que hacen los grandes medios de comunicación de la expresión izquierda abertzale es una reapropiación peyorativa del énfasis patrimonialista con el que la emplean los dirigentes del sector mayoritario de EH (HB), condicionados por la estrategia de ETA, un uso que por su carácter de generalización siempre excluye la posibilidad –o niega la autenticidad- de un nacionalismo vasco de izquierda no representado por esa conducción autoritaria.

Más en general, todas las líneas de pensamiento transformador no violento de la izquierda vasca están ausentes de los medios de comunicación españoles, que tienden a identificar cualquier planteamiento abertzale con alguna referencia explícita o implícita al terrorismo, o bien al discurso nacionalista vasco de los políticos más conservadores, a quienes no se pierde ocasión de atribuir una ideología profundamente racista, a menudo en un tono coincidente con el que utiliza el gobierno del Partido Popular para referirse a ellos. Las desafortunadas declaraciones de algunos dirigentes, por ejemplo sobre la famosa cuestión del Rh negativo, se han descontextualizado y manipulado en algunos medios hasta el extremo del más vulgar amarillismo, presentándose este supuesto rasgo genético de la población vasca nativa como principal justificación de las aspiraciones independistas del nacionalismo vasco².

Una presentación así tiene un efecto multiplicador que supera ampliamente al de la difusión del propio medio: se convierte en noticia de todos los informativos de televisión, máxime cuando es la primera vez que Arzalluz (y con él, el PNV) se declara abiertamente partidario de obtener la independencia de Euskadi. Este hecho –que sí es noticia- queda enmascarado por la atribución racista, como un mero componente más de una ideología de limpieza étnica, mientras se elude el debate sobre la cuestión de fondo (posibilidad o imposibilidad de la independencia) y sobre sus circunstancias históricas (entre otras, la significativa expulsión previa del PNV de la Internacional Demócrata Cristiana por imposición del PP). La gravedad de este desenfoque periodístico radica sobre todo en su capacidad de estimular los antagonismos, al presentar a los ciudadanos españoles en términos de conflicto étnico (¿irresoluble?) lo que esencialmente es un conflicto político y sociocultural (reconciliable)³.

Hay también un alto grado de interdependencia entre la involución del sistema penal, que hoy tiende a criminalizar como terroristas a una amplia franja de la juventud vasca (de 14 a 18 años) enardecida con la violencia callejera, y los discursos periodísticos que tienden a legitimar este exceso de celo jurídico. Otro tanto puede decirse del tratamiento informativo (y previamente judicial) que se da a cuestiones que afectan de lleno al Estado de Derecho, tales como la desobediencia civil, la libertad de expresión y la enseñanza del euskera. En la práctica informativa, del mismo modo que se confunde cualquier forma de independentismo con terrorismo, se ha empezado a vincular indiscriminadamente con ETA a los movimientos sociales llamados (a veces despectivamente) antisistema. Esto ha sucedido con algunos estudiantes españoles del Movimiento de Resistencia Global, militantes de Izquierda Unida, apresados por la policía checa y acusados de tener vinculaciones con el “movimiento abertzale” por sus apellidos vascos; y en la cumbre europea de Niza, cuando en la mayor parte de los telediarios unas pintadas favorables a los presos de ETA robaron protagonismo a la protesta de decenas de miles de manifestantes que reclamaban una Europa menos monetaria y más humana.

Finalmente, para completar este apretado resumen, recordemos que durante el período de la llamada tregua de ETA, también estuvo ausente de la agenda de los medios de comunicación españoles toda discusión basada en principios humanitarios sobre el delicado problema del acercamiento de los presos vascos –y de su indudable conveniencia para facilitar el diálogo político-, así como fue inexistente el debate a fondo del contenido del pacto de Estella-Lizarra, suscrito por la suma de diversos partidos que en total representan aproximadamente a la mitad de los electores vascos. Un debate olvidado y mal visto por el poder político centralista español, pero cada vez más imprescindible para empezar a perfilar, desde el conjunto de los pueblos de España, un futuro para Euskadi que pueda ser libremente escogido por todos sus habitantes.

Linchar al mensajero

No faltan razones para desconfiar de la información cotidiana que ofrecen los medios de comunicación acerca de Euskadi, como de tantos otros problemas políticos cruciales.

¿Asesinar a algunos periodistas acaso permitiría sanear la infausta crónica de los reflejos informativos de Euskadi en la prensa española? ¿Habrá que atenazar a todos los informadores para acallar la voz del poder, que diariamente se hace oír a través de tantísimos medios de comunicación? ¿Habrá que bombardear los medios de comunicación, tras declararlos culpables, como si éstos pudieran independizarse de la estructura de poder en la que están inscritos y adoptar, como por arte de magia, una nueva imparcialidad ante los temas políticamente sensibles? El perfil obsecuente de la televisión centralista de Milosevic fue el argumento que utilizó la OTAN para bombardear deliberadamente a los periodistas yugoslavos (un crimen de guerra por el que alguien, alguna vez, también debería rendir cuentas).

Cuando se mata a un periodista se está linchando al mensajero, pero el poder sigue en su sitio, reforzado, relegitimado ante propios y ajenos, recogiendo adhesiones y un mayor respaldo popular para emprender una nueva escalada en su accionar represivo. Además, el poder siempre está listo para suplantar al mensajero caído. El resultado político de estos actos brutales, a nivel popular, es siempre de condena y de frío distanciamiento. Muchas personas que en otras condiciones serían favorables a aceptar o incluso apoyar el derecho de autodeterminación –o la libre determinación- de Euskadi (con ciertas obligaciones en cuanto al ejercicio democrático de este derecho), desisten de brindar su apoyo porque consideran éticamente reprobable el complemento terrorista que se percibe asociado al proyecto político independentista y porque en los propios métodos se trasluce un marcado trasfondo autoritario. Muchas personas bien intencionadas se preguntan qué pasaría si quienes hoy aprueban el exterminio físico de sus enemigos civiles, periodistas o jueces –por citar casos recientes-, estuvieran ocupando el gobierno, con todo un sistema policial y judicial funcionando a su favor. Claramente, la perspectiva ética de semejante gobierno resulta aterradora.

Por otra parte, los principales medios de comunicación están integrados en estructuras económicas muy poderosas; forman parte de enormes grupos multinacionales, como Telefónica o Fiat. Estos grupos constituyen conglomerados de intereses muy compenetrados con las exigencias de reproducción del poder político. Estas restricciones hacen muy relativa la autonomía de criterios de que disponen en general los periodistas al analizar ciertas cuestiones que comprometen los intereses del sistema al que pertenecen sus respectivos medios. La idea del periodista-espía ministerial, que ahora se invoca para justificar atentados, no se sostiene como calificativo aplicado a todo un grupo de profesionales (aunque en algún caso particular pueda ser cierto), porque es inútil para explicar un comportamiento periodístico habitual, de consentimiento ante el poder, en una amplia gama de temas conflictivos que a menudo interfieren con los intereses cruzados de los grupos empresariales y del poder político, conflictos de intereses que en gran medida se dirimen en la institución Medios de Comunicación.

La crítica al trabajo de los periodistas, en sí misma legítima y saludable, se convierte en una forma de persecución política execrable si pretende emplearse coordinadamente con organizaciones armadas para justificar atentados mortales. La propia existencia de semejantes atentados contra la vida de los periodistas es el mayor freno imaginable para analizar y cuestionar el papel de los medios de comunicación en la confrontación política y en la desinformación existente sobre la situación actual del País Vasco. ¿Cómo denunciar casos concretos de manipulaciones periodísticas si estos datos podrían interpretarse como intentos de señalar futuras víctimas de ETA? ¿Cómo asumir el riesgo de que en realidad no vayan a serlo? Los atentados contra periodistas matan también la posibilidad de investigar y cuestionar el trabajo de la institución Prensa en las condiciones concretas y conflictivas de Euskadi. Forzosamente desactivan la crítica.

Además, como si alguien desde el poder de las sombras se deleitase con el pánico que provocan estos atentados, surgen nuevos grupos terroristas fantasmas, autodenominados Anarquistas, integrados por ex-presidiarios de la peor ralea, multimillonarios, especializados en atentar con paquetes bomba contra periodistas y activistas de derechos humanos⁴. Y al mismo tiempo, vuelven a entrar en acción los siempre misteriosos GRAPO, asaltando camiones blindados y colocando una bomba en la redacción de un periódico en Barcelona⁵. Una vez más, los métodos de ultraderecha (empaquetados con reivindicaciones radicales) parecen llamar a la puerta de viejas tramas con el tufillo de la ultraderecha. Unas tramas con ramificaciones internacionales⁶ que siempre aprovechan los momentos de confusión general y de violencia política desestabilizadora para emerger de sus protegidas cavernas.

En general resulta extremadamente difícil informar sobre atentados y otros episodios de violencia política. Cuando además los periodistas se convierten en objetivos preferentes de esta violencia, se consigue una implicación más directa, mediante la apelación al lado emocional de los informadores, y se suscita una reacción visceral ante la inseguridad e inestabilidad personal que la violencia introduce en su universo cotidiano; se generan, en suma, las condiciones propicias para un cierre corporativo de la profesión al análisis contrastado del conflicto político que engendra tanta inseguridad en sus propias vidas. En el caso de Euskadi, se crean así las condiciones más favorables para que los colectivos profesionales afectados adhieran, de forma casi incondicional, a las estrategias políticas más represivas y menos inclinadas a cualquier forma de entendimiento negociado.

Si atentar contra periodistas nunca supone un éxito en términos propagandísticos (ni para ETA, ni para la OTAN), ya que no sirve para persuadir a nadie de las bondades de la causa, es probable que la Finalidad de estos ataques más que intimidad (fuera) o cohesionar (dentro) sea ante todo promover una escalada en el conflicto que marcaría un punto de no retorno en las relaciones entre el conjunto de España y el conjunto del nacionalismo vasco. Así, con cada golpe de ETA aumenta la crispación española hacia todo el mundo abertzale, y viceversa. Al apuntar contra los periodistas, ETA amplifica y acelera la reacción política del bloque nacionalista español contra el nacionalismo vasco, al mismo tiempo que favorece la recepción acrítica (en los medios y entre la población) de cualquier medida represiva que se justifique desde el gobierno con el argumento de proteger a los ciudadanos ante posibles atentados.

NOTAS:

1. Ver por ejemplo los artículos de Ramón Zallo en revistas como En Pie de Paz o El Viejo Topo, y de Javier Villanueva en Página Abierta, ambos autores representativos de dos líneas de análisis del conflicto vasco que no se reflejan en la información crispada y de posiciones extremas e irreconciliables que leemos o escuchamos a diario en la mayor parte de los medios de comunicación.

2. Así, por ejemplo, un periódico español titula en portada “Arzalluz reclama la independencia invocando el RH negativo de los vascos”, y entrecomilla como subtítulo un extracto de las declaraciones de Arzalluz a un diario financiero italiano: “La cuestión de la sangre con RH negativo confirma... que este es un pueblo antiguo, con raíces propias identificables desde la Prehistoria, como sostienen célebres investigadores de genética... y por ello mismo, con derecho a decidir sobre su destino”. En el texto del artículo, Arzalluz no dice “confirma... que” sino “confirma sólo que”, y es difícil ignorar el valor semántico del modificador “sólo” en este contexto. De igual forma, toda la frase va precedida en el texto, trascrito en páginas interiores, de una omisión importante para valorar el titular: “No hay racismo en mis palabras. No estoy diciendo que los vascos tengan derecho a quién sabe qué supremacía”. Otra manipulación significativa son los puntos suspensivos que siguen a la palabra “genética”, que la vinculan con el problema de autodeterminación como cuestión de causa y consecuencia, cuando en realidad se han yuxtapuesto libremente dos párrafos completamente desvinculados en las declaraciones de Arzalluz.

3. Sobre el tratamiento de este tema en otros países, ver el artículo de Jean Seaton Las nuevas guerras ‘étnicas’ y los medios de comunicación (Voces y Culturas, Nº 15, Barcelona, 2000). Hay que decir, además, que un sector de la izquierda abertzale (entendida, una vez más, como amplio espectro sociológico, no como un partido político) es muy activo en el movimiento por los derechos de los inmigrantes. Por ejemplo, desde hace años se publica en Gipuzkoa la principal revista antirracista que hemos visto en lengua castellana Mugak, editada por el Centro de Estudios y Documentación contra el Racismo y la Xenofobia, una entidad con planteamientos muy críticos sobre las leyes y políticas migratorias imperantes en España y la Unión Europea. Más recientemente, otros colectivos de la izquierda vasca (como por ejemplo Zutik en su ponencia Un nacionalismo acogedor y creativo) se han esforzado por avanzar propuestas que cuestionan de raíz los límites ideológicos de una falsa conciencia abertzale excluyente de la identidad cultural española como parte del problema de identidad nacional que aflora en la lucha política (ver Hika, nº 115, Donostia, 2000).

4. Tras la detención de dos miembros de este grupo que vivían en un lujoso piso de Madrid, y que inicialmente quedaron en libertad bajo fianza (acusados de cometer varios atentados fallidos con paquetes bomba contra periodistas de los diarios ABC, El Mundo y La Razón), el director de la Policía dijo que era muy posible que los detenidos estuvieran en contacto con ETA, lo cual no resultó confirmado. El supuesto cerebro del grupo, el presidiario italiano Claudio Lavazza, habría escrito algún artículo en la polémica revista Ardi Beltza – que criticó a periodistas contra los que atentó ETA- defendiendo la supresión de los ficheros policiales FIES, considerados “de presos peligrosos que requieren un seguimiento especial”. Esta misma reclamación, según fuentes policiales, habría sido el motivo de los atentados frustrados, que posteriormente se repitieron contra periodistas de otros medios en diciembre de 2000.

5. Extrañamente, una semana antes del atentado que destruyó dos plantas de El Mundo en Barcelona, una publicación catalana denunciaba en portada y a toda página que “la policía tiene fichada a gente inocente como terrorista” (El Triangle, 25-10-2000), refiriéndose particularmente al caso del periodista Rafael Gómez Parra, acusado en 1979 de ser miembro de los GRAPO por haber entrevistado a uno de sus dirigentes, hecho por el cual no llegó a ser procesado, pero que aún lo acredita en los ficheros policiales como terrorista, especificándose como causa de su detención (en 1979) una inexistente pertenencia a banda armada.

6. El vínculo más claro es el que queda establecido entre dos recientes atentados cometidos en Italia, primero contra el Duomo de Milán y, cinco días más tarde, contra el diario izquierdista Il Manifesto, principal referencia de la intelectualidad más crítica de ese país. En el primer caso la bomba fue desactivada, y el atentado se lo atribuyó un supuesto movimiento anarquista Solidaridad Internacional, pidiendo la liberación del mencionado presidiario Claudio Lavazza (ver nota 4), al que aquí se identifica como “miembro del grupo Proletarios Armados para el Comunismo” (El País, 23-12-2000). En el atentado contra Il Manifesto resultó herido y detenido Andrea Isabato (sospechoso de haber colocado la bomba), ex-miembro del grupo ultraderechista Terza Posizione, quien ya fue condenado por quemar una bandera con la estrella de David, en 1992, en el Estadio Olímpico de Roma. La coincidencia temporal entre estos dos atentados ha llevado al propio ministro del Interior italiano a expresar su preocupación por “una vuelta peligrosa al uso de la violencia y el recrudecimiento del terrorismo en acciones de delincuencia con connotación de intolerancia política”, mientras que para Rossana Rossanda la bomba contra Il Manifesto aumenta las sospechas ya existentes sobre la autoría del otro atentado, confirmando implícitamente la implicación de turbios sectores fascistas. Parece obvio que estamos de nuevo ante la típica instrumentalización de apelativos de izquierda (anarquistas, comunistas, solidaridad internacional, etc.) para encubrir o simplemente atribuir atentados criminales de ultraderecha (antisemitas, anticomunistas, anti-sistema, etc.).

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