Archivo del «Diario de un resentido social»

Semana del 23 al 29 de octubre de 2000

Amarillismo

Vivimos una apabullante eclosión del amarillismo periodístico.

La mayoría de los españoles no sabe qué es realmente el amarillismo. Cree que ese término sirve para definir la publicación a bombo y platillo de denuncias sensacionales. Cuando El Mundo se dedicaba a sacar a relucir los trapos sucios del felipismo (GAL, Filesa, apropiación privada de los fondos reservados, escuchas ilegales del Cesid, etcétera), muchos decían: «El Mundo hace amarillismo».

Lo que hacía El Mundo puede verse como una variedad del periodismo sensacionalista. Discutible, pero sólo en el terreno de las formas. Hay quien prefiere que las noticias, por importantes que sean, se presenten siempre de manera sobria, sin alardes tipográficos ni repique de campanas. Es un criterio. En todo caso, hacer lo contrario no es amarillismo.

El amarillismo tiene dos rasgos característicos esenciales: el primero es que toma como gran noticia lo que no lo es; el segundo, que rinde complaciente culto a los más bajos instintos de la mayoría.

El Mundo no hacía ni lo uno ni lo otro. Las noticias que convirtió en estelares eran verdaderamente importantes. Además, provocaron no poca desazón en amplísimos sectores de la opinión pública, a los que molestó que salieran a relucir. Desengáñese quien piense lo contrario: la denuncia de las actividades criminales de los GAL –por poner un ejemplo significativo– nunca agradó a la mayoría.

En cambio, es amarillismo puro lo que están haciendo ahora mismo muchos medios de comunicación.

La campaña sobre la necesidad de ampliar las condenas por delitos de terrorismo, llegando si se tercia a instaurar la cadena perpetua, es amarillismo. Los medios de prensa que la han emprendido saben de sobra que esas medidas no tendrían ningún alcance práctico positivo en la lucha por la erradicación del terrorismo, pero las defienden para dar carnaza a la opinión pública, mayoritariamente indignada por los crímenes de ETA y frustrada por la incapacidad del Estado para ponerles coto.

Es amarillismo, y de la peor especie, el trabajo sistemático de malevolencia que hacen con Ibarretxe y con el PNV. Se ha llegado al punto de que da igual lo que digan: siempre es espantoso y repugnante. Si van por su cuenta, son exclusivistas; si quieren ir juntos, ponen trampas. Han conseguido que la mayoría identifique nacionalismo vasco y perversión y, a partir de eso, se dedican a deformar todo lo que ocurre para que encaje con ese criterio y lo retroalimente.

Es amarillismo todo el rollo que se están trayendo sobre la publicación de las listas de maltratadores de mujeres y sobre la catalogación de lo que llaman «terrorismo doméstico». Han descubierto que la demagogia en ese terreno es altamente rentable y no paran de rendirle culto, aunque sepan de sobra que lo de las listas es tan aberrante desde el punto de vista del Estado de Derecho como inútil de cara a la prevención de la violencia de género, y aunque les coste que llamar terrorista a ese tipo de violencia no sirve más que para llenarse la boca con grandes palabras y darse aires, porque la condición primera para que quepa hablar de terrorismo es que se trate de una violencia organizada, lo que no hace al caso.

Y así con tantas otras materias. El grueso de la Prensa española de hoy en día renuncia a educar a la opinión pública en los principios del Estado de Derecho y se dedica entusiásticamente a jalear sus querencias más irracionales y oscurantistas.

Eso es amarillismo.

(29-X-2000)

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IU y la necesidad social

«Y usted, ¿a qué atribuye que sus escritos no tengan un reconocimiento público mayor?», me preguntaron hace unos meses en una entrevista.

«Si prescindimos de cuestiones de calidad, en las que no me parece elegante entrar», respondí, «creo que la razón hay que buscarla en la propia realidad. Mis reflexiones no responden a ninguna necesidad social imperiosa».

El entrevistador se me quedó mirando, perplejo. «Vaya, este tío se dedica a tirar piedras contra su propio tejado», debió pensar. Pero es que es así. No digo que no haya en España gente que simpatice con una crítica radical de la organización social vigente. La hay, pero en proporción extremadamente minoritaria. Por vía de consecuencia, un escritor que se dedique a realizar ese tipo de crítica está condenado, hoy por hoy, a tener un público también muy minoritario. En realidad, se ven abocados a la exigua minoría incluso quienes realizan una crítica reformista digna de ese nombre, en la línea de la socialdemocracia clásica.

Una parte de la militancia de IU quiere conseguir que su coalición sea coherentemente crítica con los postulados del neoliberalismo y que, a la vez, goce de un respaldo electoral relativamente amplio, que deambule entre el 10% y el 15% de los votos. No entiende que la realidad es la que es y que, como suele decir un amigo mío, «la vaca no da más leche».

Cuanto más coherente y profunda sea la crítica, menos votos recolectará. (De momento, ya digo).

Ahora bien: que nadie crea que ese axioma es reversible. Rebajar la intensidad y radicalidad de la crítica no conduce necesariamente a lograr un éxito digno de ese nombre. Por una razón elemental: la oferta electoral posibilista es muy amplia, y los votantes posibilistas tienden, por lógica elemental, a serlo también en sus opciones: prefieren votar a la candidatura posibilista con más posibilidades de éxito.

Ése es el drama de IU: cuanto más coherente sea, más estancará –o reducirá, incluso– su ámbito de influencia; pero cuanto más acomodaticia se muestre, más tenderá a confundirse con el PSOE y a verse anegada por su muy superior tirón electoral.

«Cuando el hambre entra por la puerta, el amor huye por la ventana», escribió Marx (Groucho). El navajeo que se vive en la Asamblea de IU no es fruto de ninguna propensión natural perversa de las personas que encabezan las diferentes candidaturas a la jefatura de la coalición. Es el resultado de la cruda realidad que afronta y de la incapacidad de sus dirigentes para admitir que, por extraño que parezca en abstracto, resulta ruinoso dedicarse a vender helados en el desierto. No es que la idea sea intrínsecamente mala: es que por allí apenas pasa nadie.

Hebe de Bonafini

La presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo se ha metido en un buen lío. Ha dicho que el Estado español mata, tortura y encarcela a la gente por sus ideas, y que ETA tiene bastante razón. Todo el mundo se le ha echado encima.

Desde siempre se sabe que no hay modo más contundente de desprestigiar una idea que llevarla a sus últimas consecuencias. La Policía española no ha matado desde hace tiempo. Hay un buen número de denuncias de tortura. La Policía española tortura, es verdad, y la propia Amnistía Internacional se ha hecho eco de ello, pero es absurdo equiparar la situación actual con la del franquismo, como hace Hebe de Bonafini. De hecho, cuando se le pregunta por los casos de tortura que su organización ha podido constatar, responde: «Nos constó un caso concreto». Es penoso.

Lo mismo cabe decir de los encarcelamientos por razones ideológicas. Los hay: recordemos la delirante redada contra la «red de desobediencia civil» organizada por el tándem Mayor Oreja-Garzón. Pero de ahí a pretender que la gran mayoría de los presos vascos son «presos de conciencia» hay un larguísimo trecho.

Cuando 10 es diez, hay que decir que es 10. Porque, si dices que es 100, lo más probable es que todo el mundo te tome por loco o por estafador, y deduzca que probablemente 10 es 0.

Con lo que habrás hecho un espantoso servicio a la causa de la denuncia del 10.

(28-X-2000)

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Paco Vázquez

A Paco Vázquez, alcalde coruñés, le gusta mucho cómo ha conducido Manuel Fraga los asuntos de Galicia en la última década. A Paco Vázquez le repatea la política que sigue el Partido Socialista de Galicia y, muy en particular, que los socialistas gallegos hayan llegado a compromisos con el Bloque Nacionalista Galego. Paco Vázquez dice que el PSdeG se ha aliado con «los amigos de Lizarra». Paco Vázquez da por supuesto que el acuerdo de Lizarra fue algo así como un aval para ETA, haciendo como que no sabe –quizá no lo sepa– que el documento que se suscribió en Lizarra se basaba en una rechazo expreso de la utilización de métodos violentos de lucha, razón por la cual EH acabó distanciándose de él. A Paco Vázquez esos matices se la traen al pairo –a él como a tantos otros, ciertamente– porque lo que Paco Vázquez no soporta es el nacionalismo periférico, adopte las formas que adopte. Porque Paco Vázquez es alérgico a los nacionalismos periféricos, en bloque. Y, sobre todo, en Bloque. Anteayer, el secretario general del PSdeG, Pérez Touriño, defendió la construcción de una España federal. Paco Vázquez echa espumarajos por la boca.

Paco Vázquez tiene todo el derecho del mundo a pensar así, e incluso a fundar y asumir la presidencia de la Federación Mundial de Adoradores de San Manuel Fraga, si eso le hace feliz.

Lo que resulta un tanto extraño, sin embargo, es que Paco Vázquez se empecine en defender esas ideas desde las filas del PSdeG, en lugar de hacerlo desde las del PP, que sería lo suyo.

Lo de Paco Vázquez y su empeño en seguir en el PSdeG representa un desafío a la lógica. Es, más o menos, como si un forofo del Barça eligiera a los Ultra Sur como plataforma para propagar su antimadridismo en la capital del Reino.

Vázquez sabe que sus tesis son respaldadas por muy pocos socialistas gallegos. Si el sector que las apoya decidiera reunirse en asamblea, podría hacerlo cómodamente en una cabina de teléfonos.

Pérez Touriño pidió el pasado lunes a la Ejecutiva Federal socialista que iniciara las gestiones estatutarias de rigor para expulsar a Paco Vázquez del PSOE. Rodríguez Zapatero y compañía se asustaron y le respondieron que no. Temen aparecer como autoritarios.

Sería autoritario expulsar a un militante porque disiente en tales o cuales cuestiones. No es autoritario, sino simplemente clarificador, expulsar a alguien que, tras haber decidido situarse en otra órbita política, se empeña en permanecer en la tuya sin más ánimo que el de fastidiarte al máximo.

Lo de Paco Vázquez es una reedición, a su escala particular, de la historia de Cristina Almeida y López Garrido dentro de IU. ¡Qué manía la suya de seguir en IU, cuando su sitio estaba evidentemente dentro del PSOE! Los echaron de una puñetera vez de la coalición, se aliaron con el PSOE, perdieron en su nueva compañía toda su furia discrepante y ya se disponen a entrar mansamente en la casa común socialista, donde seguramente colmarán todas sus expectativas (salvo las de poder, que ahora en el PSOE hay muchos más aspirantes a cargo que cargos para ocupar).

A Vázquez le ocurre otro tanto. Estoy seguro de que, si lo expulsan del PSOE, en seguida se hará del PP, o independiente en las listas del PP, con lo que no sólo se quedará más tranquilo el PSdeG, que bastantes problemas tiene –entre ellos, el de impedir su extinción–, sino que él mismo será mucho más feliz. Incluso podrá oponerse a la legislación sobre el aborto sin traba alguna, y podrá decir «La Coruña» hasta hartarse. ¿Qué más quiere?

(27-X-2000)

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Atenuantes y eximentes

Todo el mundo está con Tania, la mujer de Rivas Vaciamadrid que mató a tiros a su marido, maltratador profesional, y a la que un tribunal condenó a 15 años de cárcel. Todo quisque dice que es una barbaridad que la hayan encarcelado. Hay un auténtico clamor pidiendo al Gobierno que la indulte. «¡No tiene sentido meter en la cárcel a una pobre mujer en un caso así!», se oye en las tertulias de todas las radios.

Supongo que la culpa es mía, por pretender que los comportamientos humanos se atengan a la lógica, pero hay en este asunto varias cosas que no entiendo. Por lo menos de entrada.

Vamos a ver. Si tan de acuerdo están todos en la inconveniencia de meter en la cárcel a una mujer que acaba violentamente con la vida de su marido maltratador, ¿por qué no reclaman, por elemental coherencia, que se modifique el Código Penal para que, a partir de ahora, el sufrimiento de malos tratos continuados constituya una eximente total en caso de homicidio? Se cambia la ley y sanseacabó: no más Tanias encarceladas.

Digo yo que, en la misma línea, y por analogía –método muy usual en la práctica jurídica–, igual trato exculpatorio habrían de reclamar entonces los ultradefensores de Tania para otras personas que actúen en estados de necesidad parejos al que hubo de padecer ella. Por ejemplo, para los padres y las madres que, no pudiendo soportar que sus hijos pasen hambre, cometan un atraco.

Pero parece que nadie quiere pasar de lo particular a lo general. No desean que la anécdota se les vuelva categoría.

Yo veo las cosas de modo muy diferente.

En primer lugar, creo que no cabe eximir tan alegremente de toda culpa a alguien que ha matado. Tania tuvo la posibilidad objetiva de plantar cara a su marido por vías lícitas –hubo quien se ofreció a facilitárselas– y no quiso hacerlo. Así las cosas, correspondía a los jueces examinar en qué medida su irresolución tuvo un carácter patológico, análogo al miedo insuperable que recoge el artículo 20.6º del vigente Código Penal.

Por lo que he leído sobre el asunto, parece que los jueces examinaron esa hipótesis, pero llegaron a la conclusión de que Tania no perdió en ningún momento su capacidad de discernimiento. En consecuencia, entendieron que no concurría en su acción ninguna circunstancia eximente, y la condenaron.

Obviamente, los jueces pudieron equivocarse en su valoración de los hechos. Pero la gran mayoría de quienes exigen que Tania quede de inmediato en libertad y exonerada de toda culpa no lo hacen porque crean que la sentencia condenatoria fue técnicamente incorrecta. No entran en eso. Se limitan a tener en cuenta el (por lo común) buen comportamiento social de la encausada y las brutalidades que sufrió.

En mi criterio, esas brutalidades deberían haber sido recogidas en la sentencia no como eximentes, pero sí como atenuantes del delito, en la línea de lo consignado en el artículo 21.3º del Código Penal, que considera circunstancia atenuante «la de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante». En el caso que nos ocupa, entiendo que el tribunal bien hubiera podido considerar a Tania autora de un delito de homicidio, en principio castigable con una pena de prisión de entre diez y quince años (CP, art. 138), pero haber decidido acto seguido rebajar esa pena en dos grados, atendiendo a la existencia de una circunstancia atenuante «muy calificada» (CP, art. 66.4º), con lo que –tanto más considerando el tiempo que pasó en prisión preventiva– podría haberse librado de ir a la cárcel.

De este modo, el resultado práctico no diferiría apenas del que solicitan los incondicionales de Tania, pero se evitaría la frívola justificación del homicidio en la que muchos de ellos están incurriendo.

Mi siguiente reflexión desborda ampliamente el plano jurídico. Me pregunto por qué los medios de comunicación están haciendo tanto ruido con el caso de esta pobre mujer, situándose de su lado sin apenas matices. Y me respondo que lo hacen porque esta tragedia les sirve muy bien para cubrir la cuota de sensiblería –de falso humanismo– que les conviene. Al diablo si les importa la Justicia: utilizan a Tania como un objeto de usar y tirar.

Yo me niego, aunque ya sé que no mejoraré precisamente con ello mi cuota de popularidad.

(26-X-2000)

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División de trabajo

Recordaréis –si veis la televisión y si vivís en España– la sonada intervención que tuvo en Televisión Española el hijo del militar médico asesinado por ETA en Sevilla. Os daré una información de la que he tenido reciente conocimiento: aquella entrevista fue un montaje. No hablo por boca de ganso: lo sé por empleados de RTVE que fueron testigos directos de lo sucedido.

La idea de realizar aquella entrevista partió del Gobierno, que se puso en contacto con la jefatura de los Servicios Informativos de TVE para que se encargara de llevarla a la práctica. El propio responsable de esos servicios, Alfredo Urdaci, se hizo cargo del asunto y se desplazó a Sevilla. Allí pasó varias horas reunido con el hijo de la víctima. Se estudiaron con todo detalle las preguntas y las respuestas. Se hicieron cuidadosos ensayos y un montón de tomas. Se le indicó al entrevistado qué gestos debía hacer y qué otros evitar; en qué frases convenía que pusiera el énfasis; se le sugirieron frases particularmente rotundas, que luego serían convenientemente subrayadas por los dirigentes del PP y por los comentaristas afines...

Excuso decir que nadie obligó al entrevistado a manifestar nada que a él le pareciera mal. Se limitaron a darle ideas que a él no se le habían ocurrido y que convenía que se le ocurrieran. Y a asegurarse de que las decía del modo más conveniente para los intereses de quienes se las habían sugerido.

Fue un ejemplo acabado de la división de trabajo que impera hoy en los poderes del Estado, incluido el cuarto poder. Cada vez se deja menos lugar a la improvisación. Ahora hay campañas de prensa que se lanzan después de que los responsables de los medios informativos las hayan estudiado cuidadosamente con los ministros del ramo. Todo está planificado al detalle. Una vez que se ha lanzado la campaña, aparecen los ministros y sus corifeos subrayando cuán interesante les parece la idea, lo cual encuentra cumplido reflejo en los propios medios informativos. Entretanto se ponen en marcha las maquinarias del poder legislativo (por si la idea lanzada hubiera de tener un reflejo normativo refrendado por las Cortes) y el judicial (por si debiera merecer refrendo legal, sea en forma de aprobación enfática o de detenciones practicadas cualquier noche de ésas).

Antes estas cosas también ocurrían, pero en la práctica, de hecho. Ahora ya no se deja nada a la improvisación. Los poderes del Estado ya no están para equilibrarse mutuamente, sino para potenciarse entre sí. Y los medios de comunicación, a los que otrora se les llamaba el cuarto poder de manera metafórica, actúan ya como cuarto poder en el sentido más estricto de la palabra. Los poderes del Estado son ya el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el mediático. Y entre los cuatro reina una perfecta división de trabajo.

(25-X-2000)

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Una conversación

Ayer almorcé con alguien que está muy al tanto de los entresijos de la política vasca. Lo que me contó no estaba destinado a ser publicado, así que optaré por no identificarlo. Sólo diré sobre su persona –la precisión es importante– que no milita en ningún partido.

Mi interlocutor se mostró muy preocupado, y no sólo por las mismas razones que lo está la mayoría. Le inquieta también que todos los análisis que se hacen sobre la actualidad política vasca se basen en diferentes combinaciones de los mismos elementos: PP, PNV, PSOE. En su criterio, se está menospreciando lo que sucede en el interior del MLNV (o de HB, o de EH, que viene a ser lo mismo, a estos efectos), pese a que es –así lo cree él– del mayor interés. Afirma que hay en estos momentos dentro del MLNV una importante pugna entre, de un lado, los sectores partidarios del cese de la violencia abertzale (en sus dos variantes: ETA y kale borroka) y, del otro, los que creen que esa violencia debe seguir, o incluso intensificarse y ampliar su radio de acción. Los primeros son más numerosos –dice–, pero carecen de propuestas viables, materializables, que les permitan tomar la iniciativa y canalizar hacia la vía pacífica al conjunto del movimiento.

Me cuenta que los más irreductibles de ETA están envalentonados. Gracias al robo de explosivos que hicieron en la Bretaña francesa, poseen un muy importante stock de dinamita. Tampoco tienen ningún problema de voluntarios: la cantera de la kale borroka les proporciona muchos más aspirantes a activistas de los que necesitan. Además, han conseguido establecer una estructura orgánica más ágil y más segura, mucho más difícil de detectar y, desde luego, de infiltrar. Por decirlo brevemente: no se sienten nada impresionados cuando oyen a Aznar prometer que acabará con ellos.

En esas condiciones, no ven por qué habrían de aceptar las demandas de tregua que salen de las propias filas del MLNV. Menos aún si se tiene el cuenta que quienes formulan esas demandas carecen de un plan B real y practicable, que no equivalga en último término a una rendición pura y simple.

«Hay que lograr que quienes son partidarios de la paz dentro del MLNV tengan algún horizonte concreto que proponer a sus bases, de modo que sean capaces de poner en marcha una marea interna que los fundamentalistas no puedan contrarrestar», me dice. Y añade: «El PNV y el PSOE, junto con EA y IU-EB, deberían arreglárselas para facilitar los planes de esa gente».

Le respondo que su pretensión es de casi imposible cumplimiento, muy especialmente porque el PSOE, en las condiciones actuales, no podría tender una mano a nadie que tenga nada que ver con el radicalismo abertzale, so pena de dilapidar buena parte de sus activos en el resto de España.

Asiente: «Sí, es muy difícil. Quizá imposible. Pero, o se pone en marcha algo así, o dentro de muy poco ETA pasará a estar controlada por las nuevas hornadas de activistas, forjados en el disparate de la kale borroka. Y ésa es gente especializada en no atender a razones de ningún tipo. Son todavía peores. Con ellos al frente de ETA y del MLNV, el conflicto puede prolongarse hasta el infinito».

«Nada indica que no vaya a hacerlo», repliqué.

«De acuerdo. Pero hemos de hacer todo lo posible para evitarlo», concluyó él.

Nos despedimos.

Me quedé pensando cuán fácil es que «todo lo posible» resulte insuficiente.

(24-X-2000)

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La cadena perpetua

El Gobierno de Aznar tomó hace meses una resolución: la de acabar con ETA por la vía de la represión, y sólo por la vía de la represión. Nada de medidas políticas destinadas a aislar a los más recalcitrantes del MLNV y a atraer a los indecisos al campo de la paz. De ese género de medidas no quiere saber nada porque, si bien son eficaces contra ETA, contribuyen a fortalecer y unificar el campo nacionalista.

«Es una política a largo plazo», «Hay que tener paciencia», «No caigamos en el desaliento», dicen y repiten los responsables gubernamentales. Pero el hecho es que pasan los meses y las cosas no mejoran ni poco ni mucho. En realidad, empeoran. Y el Gobierno, aunque insiste una y otra vez en sus llamamientos a la perseverancia, se da cuenta de que la opinión pública –su opinión pública– no se siente en absoluto satisfecha. Se apercibe igualmente de que sus intentos de hacer vudú con los errores del PNV y la ineficacia de la Ertzaintza empiezan a caer en saco roto, en la medida en que ETA golpea también contundentemente fuera de Euskadi, y fuera de Euskadi ni gobierna el PNV ni es la Ertzaintza la encargada de acabar con la organización terrorista. Comprueba que ni siquiera los éxitos policiales son capaces de contrarrestar la sensación general de hastío: cada cual se da cuenta de que, por cada comando de ETA que es neutralizado¸ otro toma su lugar, y que ese proceso sustitutorio amenaza con volverse eterno y, con él, el deseado fin de la propia ETA.

En tales circunstancias, los paladines de la «solución policial» comprenden que algo debería hacerse para aminorar la explosiva mezcla de desánimo e impaciencia que se va generalizando en la ciudadanía.

Sólo que no tienen claro qué podrían hacer.

La última idea que se les ha ocurrido es la de reformar el Código Penal para ampliar el tiempo máximo que un condenado por delitos de terrorismo puede pasar en la cárcel. Actualmente es de 30 años. Proponen que se restablezca la condena a reclusión de por vida, es decir, la cadena perpetua entendida en su literalidad. «Por lo menos», dicen, «para aquellos terroristas que se mantengan ideológicamente en sus trece». «No se puede correr el riesgo de que al cabo de 30 años salgan a la calle para volver a las mismas».

Ignoro si son conscientes de las implicaciones que tiene su propuesta. Señalaré sólo algunas.

En primer lugar, supone un cambio de 180º en la filosofía que el castigo penal tiene en el ordenamiento jurídico español. Éste descarta la consideración de la pena en tanto que venganza. La entiende como un medio destinado a la rehabilitación del preso y a su reinserción en la sociedad. Si alguien es condenado a pasar el resto de su vida entre rejas (a «pudrirse en la cárcel», que diría Felipe González), no hay reinserción posible. (Llamo la atención de paso sobre el hecho de que, una vez se opta por la consideración de la pena en tanto que venganza, se abre la puerta a la restauración de la pena de muerte, como expresión más acabada de la venganza).

En segundo lugar, la propuesta es contradictoria. Si de lo que se trata –y así lo dicen quienes la defienden– es de que el hijo de una víctima de ETA no pueda encontrarse al cabo de 30 años con el asesino de su padre sentado en la mesa de al lado en un restaurante, el hecho de que el asesino se haya arrepentido o no es irrelevante. Seguirá siendo el asesino y estando en la mesa de al lado.

En tercer lugar: vincular la duración de la pena, no a que el recluso se arrepienta del delito que cometió, sino a su transformación ideológica, es impropio de un sistema penal civilizado. Eso es el Gulag.

En cuarto lugar: cualquiera sabe que una persona que sale al cabo de 30 años de la cárcel ya no es en ningún caso la misma que entró en ella. Podrá ser mejor o peor, según lo que le toque vivir durante esas tres décadas, pero en ningún caso será la misma.

En quinto lugar, se equivoca al atribuir un papel disuasorio al aumento del cumplimiento de pena por encima de los 30 años. Los activistas de ETA no creen que vayan a pasar en la cárcel 30 años. Están convencidos de que antes habrá algún acuerdo político que los dejará en la calle.

Lo que nos conduce a la quinta y fundamental implicación de la propuesta: la eficacia de esa medida se basa en la hipótesis, verdaderamente deprimente, de que dentro de 30 años seguirá existiendo ETA.

Estamos, una vez más, dentro de lo que el penalista Enrique Gimbernat suele llamar «el Derecho Penal simbólico»: son iniciativas legislativas que se toman no tanto porque se considere que van a tener una especial eficacia fáctica, sino, sobre todo, porque dan la sensación, de cara a la galería, de que el legislador no se está con los brazos cruzados y es muy enérgico.

Lo malo es que, ya de paso, horadan las bases del Estado de Derecho.

(23-X-2000)

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