[Del 9 al 15 de septiembre de 2005]

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Defensores del Estatuto

(Jueves 15 de septiembre de 2005)

Replicaba ayer la vicepresidenta primera del Gobierno al portavoz del PP, que había acusado al Ejecutivo de disponerse a dejar la política penitenciaria «en manos de Ibarretxe», y le dijo que de eso nada; que su Gobierno no se ha movido ni una pulgada de donde se encontraba en esa materia.

Tanto doña María Teresa Fernández de la Vega como don Ángel Acebes se han hartado en los últimos años de proclamar a los cuatro vientos que su política en relación a Euskadi —la de ambos— tiene como alma, corazón y vida el Estatuto de Autonomía, que fue promulgado en diciembre de 1979.

Pues bien: el mencionado Estatuto proclama (art. 10.14) que la Comunidad Autónoma Vasca tiene «competencia exclusiva», entre otros asuntos, en los relativos a «organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social». Y añade (art. 12) que «corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del Estado en las materias siguientes: 1.– Legislación penitenciaria (...)».

No es, como puede verse, un punto perdido dentro de una maraña: figura en el puesto más destacado. En primer lugar.

Han pasado más de 25 años de la promulgación del Estatuto en tanto que Ley Orgánica del Estado —¡25 años!— y la vicepresidenta del Gobierno español se permite alardear de su nula intención de aplicar esa Ley, que ella misma elogia con entusiasmo no sé si inconsciente o directamente hipócrita.

¿Y qué no decir con relación al señor Acebes, esto es, al partido en cuyo nombre habla? Reparemos, sin más, en el desdén con el que da por hecho que transferir a la Administración autónoma del País Vasco una determinada competencia es «dársela a Ibarretxe».

Con autonomistas como éstos, los centralistas no tienen nada que hacer.

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Ustedes disimulen, pero hay un par de pijadas de la actualidad que no me resisto a comentar.

Una es la de la Cumbre de la ONU.

Algunos dicen que está fracasando, entre otras cosas, porque los dirigentes de los estados más poderosos del Universo no consiguen ponerse de acuerdo en cómo acabar con la pobreza de los demás. Según he oído la noticia por la radio, puesta en relación con las víctimas que causa el hambre en la infancia del Tercer Mundo, se me ha ocurrido el título para un artículo ad hoc: «Qué fracaso, ni qué niño muerto».

Llamemos a las cosas por su nombre: los dirigentes del Primer Mundo están de acuerdo en lo esencial, a saber, en no hacer nada que pueda dificultar que el Primer Mundo siga en la relativa opulencia a costa de la absoluta miseria de los demás.

Y, hablando de llamar a las cosas por su nombre: ¿puede explicarme alguien a cuento de qué viene la invasión de «iconos» que padecen últimamente los medios informativos españoles? En cuanto alguien se vuelve famoso y admirado, se convierte en «un icono».

Como soy muy antiguo, y como quiera que la Academia Española se moderniza magnis itineribus en cuanto me descuido, he acudido al DRAE a ver qué significa ahora «icono». Y, para mi sorpresa, me he encontrado... con lo de siempre. Dice: «Icono o ícono. (Del fr. icône, este del ruso ikona y este del gr. bizant. εἰκών, -όνος). 1. m. Representación religiosa de pincel o relieve, usada en las iglesias cristianas orientales. 2. m. Tabla pintada con técnica bizantina. 3. m. Signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado; p.ej., las señales de cruce, badén o curva en las carreteras. 4. m. Inform. Representación gráfica esquemática utilizada para identificar funciones o programas.»

Y punto final.

Leo hoy en El Mundo que han premiado a una periodista afgana porque se ha convertido en «un icono de la lucha por la libertad y los derechos de la mujer». Me pregunto: ¿En qué se habrá convertido realmente la buena señora? ¿En una representación religiosa? ¿En una tabla pintada? ¿En una señal de tránsito vial? ¿En un monigote informático? En todo caso, ¿cómo se relaciona cualquiera de esas hipotéticas metamorfosis con la lucha por la libertad y los derechos de la mujer?

No lo sé. Misterios de la modernidad, supongo.

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Justicia y política

(Miércoles 14 de septiembre de 2005)

Un maestro que tuve en las artes periodísticas —en las buenas y en las malas— me reprochaba mis muchos escrúpulos éticos. «¿Te preocupa no tener contrastados todos los puntos de la información que vas a publicar?», me decía con sonrisa condescendiente. Y me impartía la lección adecuada al caso: «¡No seas tan remilgado! Una información es como un disparo de cañón: lo que importa es que hayas apuntado en la dirección correcta. Si cae algo de metralla donde no debería, ¡qué se le va a hacer!».

No consiguió acabar con mis remilgos. Sigo enfadándome conmigo mismo cuando constato que no soy tan riguroso como reclamo a los demás que lo sean. Por ejemplo: ayer di por hecho que, si el juez Grande Marlasca llamaba a declarar a Rafa Díez Usabiaga como imputado, es que se dispone a procesarlo. Pero no tiene por qué ser así. Un juez puede convocar a alguien para que declare como testigo o como imputado. En principio, convocarlo en tanto que posible imputado le acarrea problemas (de imagen pública, sin ir más lejos), pero también le proporciona ciertas garantías (puede hacerse asistir de un letrado de su elección, por ejemplo).

En todo caso, no es lo mismo, y mi apunte de ayer pudo inducir a error. Me disculpo por ello. (*)

Del resto de lo que escribí no me desdigo en nada. Insisto: la actuación de ese magistrado —y del conjunto de la Audiencia Nacional— es un perfecto escándalo. Me reitero muy particularmente en un argumento al que, por más que reconsidero, no veo vuelta de hoja: si el juez entiende que hablar de constituir una candidatura puede ser delito, ¿por qué no hace nada contra quienes figuraron de hecho en esa candidatura?

Los integrantes de las más altas instancias de la Justicia española son fuente inagotable de sorpresas. Se equivocan incluso cuando aciertan. Ayer, el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, afirmó en su discurso de inauguración del año judicial que ve próximo el fin de ETA. Si hiciera esa apreciación tomándose un blanco y charlando con sus amiguetes en la barra de un bar, no le objetaría nada. De hecho, me parece un pronóstico razonable. Pero ¿a cuento de qué se mete en esos dibujos cuando ejerce de fiscal general? ¿Quién le manda? Que se deje de prospecciones políticas más o menos aventuradas y se dedique a fiscalizar, que es lo suyo.

Dicho sea en general: ¿por qué toda esta tropa no deja la política para los políticos, que ya son más que numerosos, y se dedica a ejercer de lo suyo, que es para lo que cobra?

(*) A cambio, de lo que no me arrepiento es de haber escrito que la Audiencia Nacional está en la calle Génova de Madrid, cosa que algunos lectores me han reprochado. El edificio de la Audiencia está en la calle Génova. Vaya que sí. Otra cosa es que se entre en sus dependencias por otras calles, según se ingrese a pie o en furgón.

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Cuatro escándalos

(Martes 13 de septiembre de 2005)

El instructor del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlasca, decidió ayer imputar al secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, un delito de integración en lo que él define como «el entramado ETA-Batasuna».

Después de haberlo llamado a declarar y de interrogarlo al respecto, el magistrado redactó un auto en el que sostiene que las conversaciones telefónicas en las que basa su acusación «no son suficientemente explícitas» y que «en el momento actual no se puede concretar la participación» de Díez Usabiaga en los hechos que le imputa.

Primer escándalo: ¿cómo un juez puede formular una acusación para la que él mismo reconoce que no existe suficiente base?

Punto 2. El magistrado se refiere a la hipotética participación del líder sindical vasco en el «entramado ETA-Batasuna». Pero no hay ningún artículo del Código Penal que persiga la integración en «entramados». Lo que el Código castiga es la pertenencia a banda armada, lisa y llanamente. Dicho de otro modo: con independencia de que prefiera no formularlo con demasiada claridad, tal vez por pudor, lo que el juez está imputando al dirigente de LAB es un delito de integración en banda armada. Lo cual encierra el segundo escándalo de este asunto: ¿cómo puede un juez dejar en libertad, sin tomar ninguna medida cautelar, a alguien que, según él, es un terrorista?

Punto 3. La acusación de Grande Marlasca se apoya en unas conversaciones telefónicas, intervenidas por orden judicial, en las que Díez Usabiaga se habría referido a la posibilidad de que la izquierda abertzale presentara a las pasadas elecciones autonómicas unas «listas blancas» (esto es, integradas por personas sin vinculación con Batasuna). Según el juez Grande, tal propósito, que más tarde se materializaría en la presentación de las listas de Aukera Guztiak, respondería a un deseo de ETA, lo cual —siempre según él— convertiría en agente de la organización terrorista a cualquier impulsor de la iniciativa. Pero si hablar a favor de esa posibilidad, según él, constituiría un delito, se supone que mucho más habría de serlo materializarla. Lo que nos conduce directamente al tercer escándalo: ¿por qué llama a declarar y procesa a alguien que habló de ello, pero no a los que finalmente formaron parte de esas «listas blancas»? ¿Desde cuándo es más grave hablar que hacer?

Punto 4. En el momento en el que Díez Usabiaga —y cientos de miles de personas más en Euskadi, incluyéndome a mí mismo— habló de la posible presentación a las elecciones de una plataforma de electores de la izquierda abertzale que no estuviera prohibida, eso ni tenía ni podía tener nada de delictivo. Tanto da que a ETA le pareciera oportuno: también le complace que LAB sea un sindicato con mucho respaldo, y hasta ahora a ningún juez se le ha ocurrido promover la ilegalización de LAB (aunque todo puede andarse). Para que pudiera hablarse de delito, Grande Marlasca tendría que probar que Rafa Díez actuó siguiendo instrucciones explícitas de ETA, dirigidas específicamente a él y recibidas personalmente por él. No siendo el caso, lo que el magistrado de la Audiencia Nacional está planteando, de hecho, es la penalización de toda idea que pueda sintonizar con los propósitos de ETA. Asunto que, aunque jurídicamente grotesco, está en la esencia misma de la Ley de Partidos y del llamado pacto antiterrorista: hay ideas sospechosas. Ser independentista, en concreto, es ya sospechoso, per se.

Ése es el cuarto escándalo.

Pero todos los escándalos que tienen su origen en los despachos de ese triste e impersonal edificio de la calle Génova, en Madrid —un poquito más abajo de la sede central del PP; un poquito más arriba de la casa natal de José Antonio Primo de Rivera—, no son, en el fondo, sino manifestaciones parciales del mismo escándalo general, que es la propia existencia de la Audiencia Nacional, jurisdicción especial donde las haya y espacio donde unos jueces y unos fiscales de opereta, infinitamente politizados, se dedican a tratar de remodelar a su guisa la política vasca. Que no se deja, y así le va.

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Esas radios

(Lunes 12 de septiembre de 2005)

Usuario impenitente de la radio, cuando me hallo en alguna zona geográfica familiar no tengo problemas para localizar las emisoras que me interesan. Sé en qué longitud de onda emiten sus estaciones locales, así que voy de la una a la otra sin mayor dificultad. En cambio, cuando estoy de viaje y recalo en algún sitio cuyo espacio radioeléctrico no controlo, me veo obligado a barrer el dial para localizar las emisoras que busco.

Por un accidente de recorrido de esa naturaleza, me tocó recalar la pasada semana en emisoras de radio insólitas, algunas de las cuales sabía que existían, pero poco más, y otras ni eso.

Cielo santo. Comprobé que las ondas están habitadas por montones de personajes increíbles, que mencionan las noticias como les da la gana, sin que la verdad de los hechos suponga para ellos el más mínimo condicionante. Deambulan entre la derecha radical, la extrema derecha y la extremíííísima derecha, recurren por sistema y con total desenvoltura a los insultos más zafios y muestran una incapacidad pasmosa para informar de nada, ni siquiera de la hora, sin añadir lo que opinan de ello. Sus ideas motrices son la unidad indisoluble de la Nación Española, en la que vascos y catalanes deben estar sin falta para tener a quien poner de vuelta y media cada quince segundos, y la Sagrada Religión Católica, inspirada doctrina que nos libra de todos los depravados, en general, y de los maricones empeñados en casarse, en particular.

De pellizcarse.

Oí a un tipo, seudohistoriador reconvertido en seudoperiodista, que se refería sin parar al gobierno de la Generalitat catalana llamándolo «el gobierno nacional-socialista». Como si nada. Y a otro que consideraba «aberrante» que un notario no pueda ejercer en Cataluña «por el simple hecho de no saber catalán». Me quedé perplejo: ¿cómo supondrá ese menda que los notarios pueden dar fe —que es lo suyo— de lo que afirma gente que habla un idioma que ellos desconocen? Bobadas.

No me parece mal que haya emisoras de radio en las que se dicen cosas de ese género. La libertad de expresión pasa por ahí: ha de haber libertad para decir de todo, absurdos incluidos. Lo que considero digno de estudio es que en un Estado que se supone está gobernado por socialistas, bajo administraciones autónomas que se dicen laicas y progresistas, haya tantas emisoras de radio que parecen rescatadas del franquismo más puro y más duro. Si existen es porque tienen dinero. ¿Quién lo pone? Y hay que considerar también a su audiencia. ¿De qué se disfraza esa gente cuando sale a la calle?

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Las simpatías fílmicas

(Domingo 11 de septiembre de 2005)

El cineasta de origen formosano Ang Lee se ha llevado el León de Oro de la Mostra de Venecia con una película que describe la relación homosexual entre dos vaqueros.

Dicen los críticos más solventes que la película es muy buena. Y lo será, seguro.

Añaden que es también muy valiente. Lo cual tampoco pongo en duda, pero con más reservas. Porque tengo en cuenta que no es lo mismo inducir al público de una sala de cine a que dirija una mirada tierna hacia la historia filmada de los amores mutuos de dos cowboys que lograr que ese mismo sentimiento de ternura adquiera carta de naturaleza en la vida cotidiana de la sociedad real.

La historia del séptimo arte está llena de películas en las que los espectadores se ven hábilmente arrastrados no ya sólo a tolerar, sino a simpatizar y a sentirse cómplices de comportamientos que rechazarían iracundos fuera del cine. Los más firmes defensores de la ley y el orden son capaces de aplaudir robos y de celebrar asesinatos… siempre que se trate de una película y que los ladrones y los asesinos aparezcan envueltos en el halo de desenfadada simpatía que conviene al caso. Desde Bonnie & Clyde y Patt Garrett & Billy the Kid hasta el remake de The Italian Job y el disparate de Ocean’s Eleven, el juego de la mentira cinematográfica nunca ha dejado de funcionar. Sólo censores tan cenutrios como los franquistas se creyeron en la obligación de rectificar los guiones de las películas para que los delincuentes de ficción no se salieran nunca con la suya. (*)

Lo que vale para las transgresiones a las normas oficiales sobre la propiedad privada o el derecho a la vida se extiende, llegado el caso, a las reglas concernientes a la moral y las buenas costumbres. Todo el mundo se sintió conmovido con las actividades de chapero de John Voigt en Midnight Cobwoy, o con las de puta de lujo de Jane Fonda en Klute, o con los desamores homosexuales de Robert Webber en 10. Den por hecho que la mayoría de quienes participaron de tales empatías cinematográficas sentirían el más vivo rechazo si tuvieran instalado algo semejante en la casa de enfrente.

He aludido más arriba a uno de los más rentables trabajos que ha realizado George Clooney como actor en los últimos años. En la Mostra de Venecia también se ha aplaudido su maestría como guionista y director en Good Night, and Good Luck, película que alaba la negativa de un periodista de televisión a plegarse a la ferocidad represiva del maccarthismo y al diktat de los patronos de su empresa. Formulo una apuesta. Hágase el recuento de cuantos vean esa película en el curso de los próximos 12 meses y no se sientan identificados con la rebeldía de su protagonista. Apuesto a que serán muy pocos. Hágase a continuación el recuento de los que, de entre ellos, han movido alguna vez un dedo para protestar cuando un periodista de verdad, de los de carne y hueso, ha visto cercenada su libertad de crítica. Apuesto a que serán muchísimos menos.

No me rebelo contra el hecho de que el cine sea esencialmente tramposo. La trampa es su misma esencia. Lo que me pregunto es en qué medida el cine trasgresor, irrespetuoso y crítico no sirve para proporcionar las necesarias dosis de buena conciencia a los espectadores que luego, en cuanto salen del cine, se sitúan con uñas y dientes en el bando de enfrente.

(*) A modo de anécdota. Cuando se estrenó en España The Gateway («La huída»), de Sam Peckinpah, con Steve McQueen y Ali MacGraw en los papeles estelares, allá por la mitad de los 70, la censura franquista no pudo soportar la idea de que la pareja de los McCoy, protagonistas de la historia, ladrones, asesinos y no sé cuantas cosas más, pudieran acabar triunfando y refugiándose en México con un buen capital en la bolsa. De modo que añadieron por su cuenta y riesgo un letrero final que decía algo así como: «Años después, Carter y Carol McCoy fueron detenidos, repatriados a EEUU y encarcelados». Otra anécdota suplementaria, ésta típicamente cinematográfica: durante el rodaje de aquella película, McQueen y MacGraw se enamoraron y convirtieron en pareja (tras deshacerse de sus matrimonios anteriores, se entiende).

Nota.– Curiosidades de la vida. Ayer, unos amigos cántabros me hablaron muy favorablemente de una obra póstuma de Alberto Méndez Borra, que está teniendo por lo visto bastante éxito. Les dije que yo conocí de crío a los Méndez: a José Méndez Herrera, el padre, excelentísimo traductor, y a sus cuatro hijos, todos ellos educados en Italia, dos de los cuales, Alberto y Juan Antonio, acabaron dedicándose al mundo editorial (y Juan Antonio finalmente al de la gastronomía). De Javier y de la Chata, la única fémina del grupo, no he sabido más. Pues, lo que son las cosas: esta mañana, preparando esta columna, me he puesto a bucear en Internet sobre el asunto de lo verosímil fílmico, que yo asociaba a un libro del marxista italiano Galvano della Volpe, y me he encontrado con la referencia bibliográfica que sigue: «Lo verosímil fílmico y otros ensayos. Galvano della Volpe. Traducción al castellano de Alberto y Juan Antonio Méndez Borra. Prólogo de Alberto Méndez».

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Los autoengaños

(Sábado 10 de septiembre de 2005)

Allá por los primeros 70 del siglo pasado, París era uno de los principales lugares de asilo —tal vez el más importante— de los exiliados políticos del mundo entero. Por aquel entonces, la Oficina Francesa para la Protección de los Refugiados y Apátridas (OFPRA) no ponía mayores inconvenientes a la hora de proporcionar documentación y permiso de residencia a cuantos documentábamos que habíamos huido de nuestros lugares de origen por razones políticas.

En aquella especie de Babel política, tuve ocasión de conocer y de trabar conversación con gente venida de tierras de cuya situación concreta sólo sabía lo que aparecía en la prensa local, particularmente en Le Monde, que era el diario de referencia más común.

Me llamaba mucho la atención con qué frecuencia, cuando hacía algún comentario basado en lo que había leído en Le Monde, el interlocutor de turno me salía al paso rápidamente.

—Le Monde es un gran periódico, que tiene muy buena información internacional —decía—, pero, por desgracia, lo que cuenta sobre mi país es muy superficial y defiende a gente que no lo merece.

Daba igual que charlaras con alguien de Polonia, de Bolivia, de Rodhesia, de Laos o de donde fuera. Todos estaban de acuerdo en que la información internacional de Le Monde era de gran nivel... salvo cuando trataba de su país.

Hube de concluir que lo que nos parecía a todos más riguroso era justamente lo que conocíamos peor. Es decir, lo que no podíamos saber en qué medida era riguroso.

Con el tiempo me di cuenta de que ése no era un fenómeno que empezara y acabara con la información de Le Monde, ni mucho menos. Que se extendía a muchas realidades.

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Conocí en la España de los años 60 —y también en el exilio— a bastantes personas que estaban totalmente persuadidas de que la URSS era «la patria del socialismo». O no habían estado en la URSS jamás, o si habían aparecido por allí había sido en el curso de un viaje organizado en el que les habían enseñado sólo lo que las autoridades soviéticas querían que vieran (cosa nada problemática, porque coincidía punto por punto con lo que ellas querían ver). Pero necesitaban creer en la URSS, porque era la bicha para quienes tenían que soportar y, además, materializaba —eso creían— una alternativa a lo existente.

A mí me sucedió un tanto de lo mismo —más breve que lo de muchísimos prosoviéticos, por fortuna, y posiblemente también menos conservador— con la China de Mao. ¡Resultaba tan atractivo aquello de la Revolución Cultural, de la rebelión juvenil contra el poder supuestamente revolucionario que tiende a burocratizarse por su propia inercia! Para mí, y para muchos como yo, la URSS no tenía el menor atractivo, con todos aquellos dirigentes con aspecto de funcionarios avinagrados y todos sus mariscales con el pecho cargado de medallas, empeñados en la coexistencia pacífica con unos EEUU crecientemente agresivos. China, en cambio, apoyaba las guerrillas, se enfrentaba a EEUU, plantaba cara. «El mundo se adormece por falta de imprudencia», cantaba Jacques Brel, y nosotros nos poníamos del lado de una China que creíamos imprudente, radical, valiente.

Valiente... tontería. La realidad nos reventó en los morros en cosa de nada. La China de nuestros sueños sólo había existido en nuestros sueños.

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Tendemos a creer en lo que necesitamos creer. Se requiere un ejercicio muy enérgico y muy doloroso para atenerse cueste lo que cueste a lo que el bueno de Eugène Potier escribió para la letra de La Internacional, en plena represión de los reaccionarios versalleses: «Il n’est pas de sauveurs suprêmes / Ni Dieu, ni César, ni Tribun...» (*).

Hemos visto a muchos argentinos y chilenos cantar arrobados las virtudes de Baltasar Garzón, e incluso proponerlo para el Nobel de la Paz.

No es que no puedan saber la verdad sobre Garzón. Es que no han querido saberla. Se hicieron una construcción mental sobre el juez riguroso, defensor de los Derechos Humanos, y a continuación decidieron que ese juez tenía que ser Garzón. Aunque tuvieran que reescribir su biografía entera.

Cuando Lula llegó al poder en Brasil, mucha gente de mi entorno se entusiasmó. Hablé con algunos de por aquí que se habían entrevistado con él. Me hicieron mil elogios. Le pregunté entonces a un amigo brasileño que lleva muchos años en la amarga brega. «Es un corrupto que jamás se enfrentará realmente a las multinacionales y al FMI», me respondió.

Le di un margen de confianza. Como otros foráneos me lo dieron a mi —y yo se lo agradezco— cuando en 1982 me preguntaron por Felipe González y les dije: «Es un corrupto y un lacayo de los EEUU».

Cuando comenté con algunos lo que me había dicho mi amigo brasileño, se me mosquearon un tanto: «¡Tú y tus amigos! ¡Nunca os parecerá bien nada!». «Salvo que esté bien», les repliqué.

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Ayer oí que en el Festival de Cine de Venecia ha causado auténtico furor una película que pone de vuelta y media los mangoneos mediáticos de Berlusconi, en contraste con las que presenta como grandes iniciativas democratizadoras del Gobierno español en materia de medios de comunicación.

Extraigo de todo ello una regla de aplicación general: si sostienes que lo que hacen los que están en el poder es nefasto, tienes altísimas probabilidades de acertar. Pero, como te arriesgues a dar la cara por lo que hace alguno de ellos, aunque esté en el quinto pino, lo más fácil es que la cagues.

Para lo cual, un instrumento clave es el explicado al comienzo de estas líneas: nunca des por cierto lo que cuentan los medios de comunicación «más rigurosos».

(*) «No hay salvadores supremos / ni Dios, ni César, ni tribuno...»

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De blindajes, jueces y partes

(Viernes 9 de septiembre de 2005)

Mucho se habla en la actualidad sobre el «blindaje» de las competencias autonómicas al que aspiran los partidos catalanes, con excepción del PP, y no es poca la gente que se pregunta de qué narices se está hablando.

Trataré de explicar cuál es, en mi criterio, el fondo de lo debatido.

Estamos ante una demanda —hoy catalana, pero ya antes formulada por el Ejecutivo de Vitoria— que afecta a dos atribuciones fundamentales que se reserva el poder central en detrimento de las comunidades autónomas.

Una, muy extrema pero no por ello menos real, es la posibilidad que tiene de suspender la propia autonomía, en todo o en parte, en el caso de que considere que el Gobierno autónomo que sea se ha excedido gravemente en sus atribuciones.

Otra, mucho menos radical pero mucho más practicada, es la de administrar a su gusto las transferencias de poder que fijan los estatutos de autonomía correspondientes, abriendo el grifo o cerrándolo según lo tenga a bien, sin que el Gobierno de la comunidad autónoma afectada pueda hacer nada para impedirlo. Un ejemplo verdaderamente llamativo de esto lo ofrece el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Vasca: un cuarto de siglo después de su promulgación legal con rango de Ley Orgánica, los sucesivos gobiernos de Madrid siguen sin materializar algunas de las transferencias previstas en él. Y lo que es más escandaloso en términos jurídicos: proclaman que lo harán cuando el Gobierno vasco cumpla tales o cuales condiciones que no figuran en absoluto en el texto del propio Estatuto.

Lo que plantean ahora los representantes políticos de la mayoría de los catalanes y los vascos es que sus estatutos de autonomía deben ser considerados como contratos de convivencia que sus pueblos suscriben con los mandatarios del poder central. En consecuencia —dicen—, deben funcionar como todos los contratos que, por definición, no pueden ser administrados y menos aún alterados de manera unilateral por uno de sus signatarios. Reclaman los unos y los otros que las diferencias que pueda producirse en la interpretación o la ejecución de tal o cual aspecto del contrato deba sea dirimida por una tercera instancia, realmente imparcial y reconocida como tal por ambas partes, y que no quede en manos del poder central, sea por vía directa o por intermedio de alguno de los tribunales cuya composición dimana, en lo esencial, de la relación de fuerzas PSOE-PP.

Por su parte, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, respaldado en ello por el PP sin sombra de vacilación, viene a replicar, aunque no lo diga así, que admitir ese planteamiento supondría, en el fondo, tratarse de tú a tú con Euskadi y Cataluña. En su criterio, los estatutos de autonomía son concesiones del poder central que, en tanto que tales, éste puede administrar a su guisa, ampliándolas, congelándolas o reduciéndolas según lo tenga a bien. Otra cosa es en qué medida quiera ejercer ese derecho; pero tenerlo, lo tiene.

Suele decirse que todos los caminos conducen a Roma. Eso dejó de ser cierto desde el fin del Imperio. Lo que puede afirmarse aquí y ahora sin sombra de duda es que toda discusión importante entre los representantes del Estado español y los electos de la mayoría de los vascos y catalanes acaba conduciendo al problema de fondo: el del sujeto de la soberanía. ¿Vascos y catalanes no son sino componentes del único e indivisible pueblo español, y a los deseos del conjunto de éste han de someterse en todo caso, quieran que no, o ha de reconocérseles voz propia y derecho a actuar en función de sus designios?

Denle al asunto todas las vueltas que quieran. El dilema es ése. Hablen de blindajes o, lisa y llanamente, de autodeterminación.

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